La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se opuso a que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) retenga, en sus arcas, el dinero que cobra por las multas que emite, como proponen dos medidas legislativas bajo consideración.

“Reconocemos el interés de la agencia en gestionar sus propios recursos. Sin embargo, esta propuesta no se ajusta a las mejores prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas”, lee parte de una carta que emitió, el viernes, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica.

En la misiva, el ente fiscal asegura que la propuesta “agravaría los retos a los que se enfrenta la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) respecto a la visibilidad del ingreso de los fondos generales, los fondos federales y los fondos de ingresos especiales que reciben todas las agencias”.

Actualmente, el dinero recolectado por las multas éticas ingresan al Fondo General del gobierno. Sin embargo, el Proyecto del Senado (PS) 232 y el Proyecto de la Cámara (PC) 382 –de la autoría de las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)– buscan enmendar ese mecanismo para contribuir “a la estabilidad fiscal del organismo”.

La JSF, que controla las finanzas del gobierno, dijo desconocer sobre “la legislación específica que contiene esta propuesta”, pero mostró disposición a discutirla.

El director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez Vargas, explicó a El Nuevo Día que la carta del ente fiscal surge a raíz de una consulta que hizo sobre las dos medidas mencionadas y sobre el PS 790, que propone múltiples enmiendas a la Ley Orgánica de la OEG (Ley 1-2012) para fortalecer las medidas preventivas y ampliar el alcance de la fiscalización del organismo. Esta última legislación fue presentada por el senador Juan Oscar Morales, a petición de la agencia.

“La OEG reconoce que estas medidas tienen un impacto al erario, por lo que se tomó la iniciativa de consultar a la Junta sobre estas disposiciones. La carta emitida por la Junta abre los canales de comunicación para discutir estas piezas legislativas”, expresó Pérez Vargas, en declaraciones escritas.

“Nuestro compromiso continúa siendo ejercer nuestras funciones con objetividad, rigor y apertura al diálogo con las instituciones correspondientes en beneficio del interés público”, añadió el funcionario.

El PS 232 y el PS 790 fueron referidos a la Comisión de Ética del Senado. Mientras, el PC 382 está bajo consideración de la Comisión de Gobierno de la Cámara. Según los respectivos registros en el Sistema Único de Trámite Legislativo (SUTRA), no se han celebrado vistas públicas ni se han presentado memoriales sobre ninguna de esas legislaciones.

El director ejecutivo de la JSF advirtió, además, que “cualquier medida que altere el tratamiento actual de los ingresos de la OEG debería evaluarse durante el proceso de elaboración del presupuesto para el año fiscal 2027″.

“Este período ofrece el foro adecuado para evaluar conjuntamente las necesidades operativas de la agencia y, en consecuencia, determinar el camino más eficaz y fiscalmente responsable a seguir”, concluyó Mujica.