El Departamento de Justicia solicitó al Senado de Puerto Rico, una extensión de 72 horas adicionales para entregar información solicitada sobre el Registro de Cabilderos que la agencia mantiene.

La información fue solicitada, el 27 de abril, por el senador Eliezer Molina Pérez mediante la Petición de Información 2026-0058. En dicho documento, Molina Pérez dio a Justicia un plazo de 24 horas para entregar declaraciones juradas sometidas ante Justicia de todos los cabilderos registrados desde la aprobación de la Orden Ejecutiva 2019-031 (firmada por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares) que ordenó la creación del Registro de Cabilderos.

El senador solicitó, además, certificaciones de cumplimiento con los requisitos establecidos en la Carta Circular 2019-02 (que estableció las definiciones, requisitos y procedimientos para crear y operar el Registro de Cabilderos) para ser inscritos como cabilderos en el registro y para llevar a cabo actividades de cabildeo ante las agencias ejecutivas.

Molina Pérez solicitó las certificaciones emitidas desde la puesta en función del Registro de Cabilderos.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, indicó, en declaraciones escritas, que pidió la prórroga de 72 horas puesto que el plazo original de 24 horas “resulta materialmente insuficiente debido al gran volumen de documentos y a la cantidad de años que abarca la petición”.

“Nuestra prioridad es cumplir con el Senado de manera transparente y fidedigna. Un término tan breve resulta oneroso para procesar información compleja con el rigor que se requiere. Estamos trabajando con agilidad para realizar la entrega en el menor tiempo posible”, afirmó Gómez Torres.

La secretaria de Justicia reafirmó que activó los recursos necesarios para “finalizar la recopilación de los datos de forma inmediata y responsable”.

La agencia inició, el 16 de abril, una investigación, luego que la información de ocho empresas de cabildeo no estuvo disponible, por dos días, en el portal del Registro de Cabilderos. Una de las empresas cuya información no estuvo accesible en dicho periodo de tiempo fue de Politank, Corp., la empresa de la que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, fue dueño.

Al día siguiente, Gómez Torres sostuvo que una “falla técnica de programación” provocó que la información no estuviese disponible para el público. La funcionaria enfatizó que los datos no desaparecieron del registro y que siempre estuvieron disponibles internamente.

“El personal técnico, tanto del Departamento de Justicia como del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS), validó que la información se mantuvo accesible internamente todo el tiempo, por lo que se concluyó que la situación respondió a una falla técnica de programación la cual ha sido corregida y será mejorada aún más para que esto no vuelva a suceder”, dijo Gómez Torres el 17 de abril.