Concluido su testimonio en el Departamento de Justicia, el senador popular Luis Javier Hernández Ortiz sostuvo este miércoles que el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles Pérez, debe ser referido a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) por entender que la orden administrativa que suscribió sobre el marco jurídico de las casas enclavadas en La Parguera es “ilegal”.

Al mismo tiempo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) rechazó que la orden administrativa que el secretario firmó en enero haya provocado el archivo de los casos relacionados con las estructuras en La Parguera, incluido el de los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón.

“Ese caso está activo, ahora mismo, ante la Oficina de Oficiales Examinadores”, confirmó la directora de la División de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA, Brenda Liz González.

¿La orden administrativa no tuvo el efecto de archivarlo?, cuestionó El Nuevo Día.

“No, ni ese, ni los otros casos relacionados porque, me explico, esta orden, en ningún momento, da un archivo automático”, subrayó.

Explicó que, a base de la orden, el DRNA tenía 120 días para definir el proceso de cómo se comunicaría con los propietarios de las casas, y luego se les debía enviar una notificación formal por correo. Los propietarios, a su vez, tenían 60 días para someter una solicitud de permiso, acompañada por una declaración jurada y un plano actualizado de la estructura.

La funcionaria del DRNA detalló, además, que la documentación es evaluada por oficiales examinadores para que, entonces, la agencia otorgue, a base del Reglamento 4860, un permiso de concesión “que podría ser hasta por cinco años”.

Los suegros de la mandataria, José Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, son objeto de una pesquisa administrativa por supuesta construcción ilegal en una propiedad en La Parguera.

Cuestionada sobre el estatus de esa investigación, González dijo que “ambas partes ya contestaron y están ante la presentación de pruebas”.

A su salida de la sede del Departamento de Justicia, el senador Hernández Ortiz no vaciló en indicar que Quiles Pérez ejecutó una orden administrativa, a su juicio, “ilegal”.

“Que se haga un referido a la Opfei con relación al funcionario que firmó la orden administrativa reconociendo que era ilegal”, expresó el legislador popular, quien estuvo casi tres horas prestando testimonio.

Quiles Pérez no ha sido citado ante la División de Integridad Pública y Oficina del Contralor del Departamento de Justicia como parte de la pesquisa, confirmó la agencia. Al momento de esta publicación, este medio no ha recibido, aunque se solicitó, comentarios del secretario del DRNA.

A preguntas de El Nuevo Día, Hernández Ortiz dijo que, según le comunicaron en la División de Integridad Pública, el foco de la pesquisa es la referida orden administrativa, “especialmente, el inciso F”. Esa disposición es la que dispone sobre el archivo de los casos relacionados a las casas de La Parguera.

El Departamento de Justicia, a petición de este medio, reiteró por escrito que la investigación “gira en torno al DRNA”.

“Hay dos áreas importantes que se están investigando: primero la legalidad de la orden administrativa. Segundo, el tracto que hubo para firmar la misma. Si, en efecto, Anaís Rodríguez (exsecretaria del DRNA) dejó algo en su escrito pendiente que incluía una orden administrativa. Ese es un hecho que se está investigando, y segundo, si había un borrador que incluía el inciso F, que era el que archivaba los casos pendientes en La Parguera, y todos sabemos que uno de los casos pendientes es el caso de los suegros de la gobernadora”, detalló el senador.

Añadió que se examina, igualmente, “si alguien dio instrucciones para que se firmara esa orden administrativa no empece de que había instrucciones dentro de la División Legal para que no se hiciera”.

La directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, la fiscal Sonia Martínez, dijo a los medios que Hernández Ortiz fue citado como “querellante”.

El 23 de junio, la exsecretaria del DRNA testificó por más de tres horas. Al salir de Justicia, el abogado de la exsecretaria, Leonardo Aldridge, sostuvo que su clienta, al dejar la silla en diciembre, no dejó ninguna orden administrativa pendiente de consideración, contrario a lo esbozado por la gobernadora.

El senador Hernández Ortiz había solicitado a la exsecretaria de Justicia designada, Janet Parra, una opinión legal de la orden administrativa. La opinión no fue expedida y, en cambio, Parra refirió el asunto a la División de Integridad Pública y Oficina del Contralor, cuya fiscal Marie L. Díaz de León conduce la investigación.

“(Se están investigando) posibles delitos que tengan que ver con corrección, con corrupción pública, con delitos en contra de la función pública, que se hayan cometido por parte del funcionario al cual le aplique la ley del FEI. Delitos en particular, ahora mismo, no les podría indicar hasta tanto no se culmine la investigación”, puntualizó la fiscal Martínez, quien precisó que la pesquisa “está en su etapa final”.