Ocho empresas mostraron interés ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para proveer las nuevas máquinas de escrutinio electrónico, entre ellas, Liberty Vote, el nuevo nombre bajo el que opera Dominion Voting System, compañía a la que el ente electoral le compró equipo de conteo de papeletas en 2015 y que confrontó múltiples fallas en las elecciones del 2020 y 2024.

Acudieron ante la CEE con interés de hacer negocio Clear Ballot, Election Systems & Software (ES&S), Liberty Vote, Smartmatic, Indra Group, VotingWorks, Truenorth y RM Communication, supo El Nuevo Día a través de fuentes.

Al igual que Dominion, Smartmatic ha sido eje de controversias públicas, específicamente en Venezuela, Estados Unidos y Filipinas. Pese a un pedido de entrevista, a ambas empresas, no hubo respuesta al cierre de esta edición.

Dominion fue referida, tras las elecciones del 2024, por la entonces presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, al Departamento de Justicia por errores en la transmisión de resultados, específicamente en la consulta de status, entre las opciones de “estadidad” e “independencia”. Justicia concluyó que la compañía no incurrió en delito alguno.

En esos mismos comicios, se registraron problemas al introducir las papeletas en las máquinas y un 70% de estos equipos no pudieron transmitir los resultados desde los centros de votación, según reseñó el año pasado el Centro de Periodismo Investigativo, luego de obtener la información de la CEE a raíz de una demanda.

“A la luz de lo ocurrido en la última elección, de los problemas admitidos con el reporte de votos, pues hay que analizar la programación de las máquinas de cara a la elección general de 2028”, opinó Héctor Conty, expresidente de la CEE, en entrevista con El Nuevo Día.

“Hay que revisar todo lo que ocurrió en el 2024 de cara al ciclo electoral del 2028. Esa es mi preocupación, el que la nueva programación atienda las incidencias o fallas ocurridas en el 2024”, agregó el también catedrático de Derecho Electoral en la Pontificia Universidad Católica de Ponce.

Smartmatic, por otro lado, no es desconocida en Puerto Rico porque, en 2012, participó del proceso de licitación para pasar del conteo de votos manual al electrónico. Demandó alegando irregularidades en la subasta, y la CEE canceló todo el proceso para reiniciarlo luego de las elecciones de ese año.

La empresa saltó a la luz pública fuera de Estados Unidos porque fue contratada por el gobierno de Venezuela, en 2004, para automatizar sus procesos electorales, pero en 2017, salió de ese país luego de denunciar una supuesta manipulación de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral.

En 2023, el gobierno de Filipinas expulsó a la empresa, de manera permanente, luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos por lavado de dinero, soborno y violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero contra los fundadores de la empresa y contra Smartmatic en sí.

Con ese panorama, la solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) emitida por la CEE, el 1 de abril, da particular énfasis a la comunicación constante que debe haber entre las máquinas y el ente electoral. Piden una plataforma tecnológica integrada que cumpla con estándares de ciberseguridad, conectividad y adaptabilidad mucho más estrictos que los solicitados hace 11 años.

Aunque se solicitó una entrevista, el presidente de la CEE, Jorge Rivera Rueda, optó por enviar declaraciones escritas.

“Como en todo proceso de subasta, los trabajos se llevan a cabo de manera independiente por la Junta de Subastas, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En ese contexto, el presidente no interviene en ninguna de las etapas del proceso previo a la adjudicación final, hasta tanto la evaluación correspondiente sea elevada al pleno de la Comisión. En estricto cumplimiento con estos procesos y en respeto a la integridad y transparencia del procedimiento, nos encontramos imposibilitados de ofrecer información adicional al respecto en esta etapa”, manifestó el juez.

Un análisis del RFP publicado este año y el del 2015 –cuando la CEE adquirió mediante un contrato de alquiler/venta 6,075 máquinas de escrutinio de las que resguarda 6,073– refleja que el ente ahora exige mayor seguridad y redundancia de las comunicaciones inalámbricas y una integración directa y obligatoria con el Sistema de Recibo y Divulgación de Resultados (REYDI), un programa tecnológico que recibe los resultados de las máquinas para que el organismo electoral los haga públicos. Esto implica que la tecnología del proponente debe ser capaz de “hablar” en tiempo real con la infraestructura central de la CEE de forma mucho más robusta y ágil.

El RFP del 2015 le adjudicaba un 70% de los puntos a la tecnología, mientras que el del 2026 le otorga un 15%. Sin embargo, el RFP vigente utiliza un sistema de evaluación más complejo en sus requisitos “obligatorios”, lo que cambia la función de la puntuación técnica. La evaluación técnica actual da más peso a la experiencia y capacidad de ejecución, según el documento.

Por lo tanto, el 15% técnico de 2026 no es para decidir si la tecnología es buena, sino para evaluar aspectos específicos de la implementación, ya que la calidad técnica base se da por sentada mediante el cumplimiento obligatorio, que son reglones específicos que se exigen a la empresa y que, de no tenerlos, provocaría su exclusión. Por ejemplo, exigen que la empresa cuente con la certificación de la US Election Assistance Commission, lo que garantiza que el equipo y la tecnología ha pasado por pruebas de estrés y resistencia. Esa certificación no la tienen Indra, VotingWorks, Truenorth ni RM Communication, constató este medio. Smartmatic obtuvo una certificación el 26 de noviembre de 2025.

“Ellos van a tener que presentar tres costos. Compra por parte de la Comisión, arrendamiento y una compra con pagos fragmentados, que es que la Comisión sería dueña de los equipos, pero que pagaría plazos. El pago sería en plazos. Las compañías interesadas están requeridas a completar la tabla de costos para los tres escenarios, cuestión de que la Comisión esté en posición de que luego que haga una evaluación técnica, también va a hacer la financiera para fines de escoger el mejor valor en su conjunto”, señaló el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Ernesto González Rodríguez.

La CEE, a diferencia del 2015, utiliza ahora como criterio de evaluación el “desempeño pasado” de la empresa, renglón al que otorga un 10% del 100%. De entre los siete criterios examinados (desempeño pasado, capacidad técnica, capacidad financiera, término de entrega, garantía, requisitos preferidos y precio), la CEE da mayor peso al precio con un 45%, contrario al 2015 que ese aspecto solo era un 20% de la evaluación.

El RFP de 2015 se centraba en buscar la mejor tecnología y el del 2026 le da un peso significativo a la operación logística y técnica porque parte de la premisa de que, al pasar el cedazo que establecen los parámetros obligatorios, la tecnología ya es de primer nivel.

El documento destaca, además, que el almacenamiento, lo que fue un dolor de cabeza para la CEE con las máquinas que posee, lo tendrá a su cargo la empresa si se alquila el equipo, y si se compra, entonces recaerá sobre el ente electoral. El contrato que se formalice tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2036, dice el RFP. Es decir, cubrirá tres elecciones generales.

Igualmente, la CEE exige que el recurso técnico o humano asignado debe saber hablar y escribir en español y permanecer en la isla hasta que concluya el escrutinio general. De esta forma, buscan evitar los traspiés que confrontaron en el pasado con Dominion, cuando debían esperar por la llegada a Puerto Rico de su recurso humano.

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Aníbal Vega Borges, refirió cualquier pregunta al presidente de la CEE. Mientras que sus homólogos del PPD y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, en entrevistas separadas, no quisieron opinar sobre la presencia de un remanente de Dominion en el proceso que se lleva a cabo.

Aunque se ha hablado de entre $40 millones y $50 millones, la CEE aún no ha precisado cuánto dinero destinará para adquirir las máquinas, pero ya el pleno determinó que necesitan 10,500 unidades del equipo. Los aparatos adquiridos en 2015 fueron pagado a plazos, por un total de $38.2 millones.

El comisionado del PIP indicó que esa cifra de 10,500 máquinas considera el voto presencial adelantado (early vote) que fue aprobado recientemente como una enmienda al Código Electoral y permite que, 10 días antes de las elecciones, puedan votar los electores con 50 años o más.

“Ahora, lo que corresponde es que, con la experiencia adquirida de tres eventos electorales, mejore el sistema de control electrónico. Y para eso hay que escoger las mejores máquinas de escrutinio”, enfatizó Aponte.

El 24 de junio es la fecha límite para la entrega de propuestas.