El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, advirtió este domingo que los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica tendrán repercusiones en la seguridad nacional y afirmó que cualquier acción posterior del gobierno de Donald Trump debe ser “deliberada” con el Congreso federal.

“Yo detesto el régimen del ayatolá y de la Revolución Iraní. Ha violado un sinnúmero de derechos humanos, ha sido un régimen opresor, brutal, un peligro para el mundo entero, que ha financiado organizaciones terroristas y son un gran peligro para todo el mundo. Ahora bien, un conflicto de esta naturaleza presenta serios riesgos para la seguridad nacional”, sostuvo.

A preguntas de si, ante este escenario bélico, pudieran surgir nuevas presiones sobre el presupuesto federal y, por ende, recortes adicionales en fondos, Hernández aseguró que “esto tendrá el mismo impacto en Puerto Rico que tendrá en Estados Unidos y en el resto del mundo”.

Expertos han advertido que -de manera inmediata- el ataque, podría provocar un retraso en las exportaciones y un alza en el costo del petróleo.

Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado, cuando murió el ayatolá Alí Jameneí, junto a buena parte de la cúpula militar iraní, y han continuado con varias oleadas de ataques sobre Teherán.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos, donde este país mantiene bases militares.

“La decisión que se tome respecto a un conflicto allí debe ser bien deliberada y debe ser consultada con el Congreso de los Estados Unidos”, subrayó, al respaldar las expresiones del liderato congresional del caucus demócrata dirigidas a que la administración Trump involucre más a la Cámara y el Senado federal en cualquier decisión posterior.

Las expresiones de Hernández surgieron durante una conferencia de prensa en la que presentó, junto a cuatro congresistas demócratas, la “Agenda de Asequibilidad”, una hoja de ruta impulsada por una coalición legislativa para reducir costos en las áreas de atención médica, vivienda, energía, cuidado familiar y alimentos.

El comisionado residente, de otra parte, aseguró que la probabilidad de que el gobierno federal renueve las partidas de Medicaid que financian, en gran parte, el plan de salud del gobierno, “es alta”.

“El riesgo es real y es serio. Ahora bien, por lo que he visto en el Congreso, en mis conversaciones con el liderato demócrata y republicano... la probabilidad de aprobar algo positivo para Puerto Rico es alta”, aseguró Hernández.

Recalcó, no obstante, que -como parte de la discusión- el gobierno debe cumplir con ciertos requisitos estatutarios establecidos en el “Consolidated Appropriations Act”, de 2023, como la implementación de un sistema de verificación de activos y la presentación de un informe anual de cómo Puerto Rico ha aumentado el acceso a servicios de salud, utilizando los fondos adicionales.

Dijo que le consta que el gobierno trabaja en el cumplimiento de dichos requisitos. “Este tema es tan y tan importante que en Puerto Rico no existe diferencia alguna sobre lograrlo. Me han visto y me verán con la gobernadora (Jenniffer González)... la probabilidad para que no se atienda es bien bajita”, expuso.

“Nosotros vamos a buscar que se nos dé el mismo trato que se le da a los estados”, subrayó. “Tenemos hasta septiembre 30 de 2027. Empezamos a trabajar en esto, pero no debe sorprendernos si logramos nuestro objetivo el 29 de septiembre”, agregó.

González ha dicho que su meta es que Puerto Rico pueda retener, al menos, la misma cantidad de fondos federales asignados al programa de Medicaid, que totalizan cerca de $4,000 millones anuales. El gobierno financia cuatro quintas partes del plan de salud para beneficiar a cerca de 1.3 millones de personas.

En septiembre de 2027, expira la asignación que garantizó a Puerto Rico cerca de $19,000 millones por cinco años para Medicaid y que también elevó a 76% el pareo federal para los servicios cubiertos por el plan Vital. De no autorizarse nueva legislación especial, las partidas y el pareo podrían caer, respectivamente, a cerca de $500 millones al año y a 55%, como dispone la ley permanente.