Aunque con cautela, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico acogió un proyecto de la administración de Jenniffer González dirigido a retener y atraer médicos a la isla, al ampliar las alternativas que tienen estos profesionales de hacer servicio comunitario remunerado para poder acceder a beneficios contributivos.

El presidente del Colegio de Médicos, Carlos Díaz, avaló, en principio, el Proyecto de la Cámara (PC) 1087 –y su equivalente Proyecto del Senado 1001– que enmienda el Código de Incentivos (Ley 60-2019) para permitir que puedan cumplir con el requisito de 180 horas anuales de servicios comunitarios con remuneración no solo mediante contratos con el Plan Vital, sino también a través de acuerdos con corporaciones y dependencias gubernamentales.

En específico, a la lista de opciones se sumarían la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y el Programa de Salud Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

“Es una iniciativa que se ha estado trabajando hace tiempo. No lo veo mal. Lo veo como un incentivo positivo. Hay que ver los detalles”, manifestó Díaz a este medio.

Advirtió que habría que considerar la remuneración que recibirían los galenos para determinar con certeza si la medida es apropiada.

El Código de Incentivos contiene las disposiciones de la antigua “Ley de Incentivos Para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos” (Ley 14-2017), que extendió decretos contributivos a los médicos cualificados, y entre los requisitos dispuso las 180 horas de labor comunitaria no remunerada, excepto si se hace para Plan Vital.

Díaz destacó el problema que representa para Puerto Rico el éxodo de médicos. “Tenemos que entender que los médicos en Puerto Rico, los estamos entrenando aquí y se van. Eso es fatal”, puntualizó.

Al respecto, dijo que el Comité de Incentivos Contributivos del Colegio de Médicos y Cirujanos evalúa y confecciona una propuesta que igualmente tiene el objetivo de retener a los galenos en la isla. No quiso ofrecer detalles, pero aseguró que pronto los anunciarían.

El proyecto de administración, presentado la semana pasada, indica, en su exposición de motivos, que en Puerto Rico se ha registrado “una reducción de aproximadamente un 46% del total de médicos en los pasados 13 años, lo que representa más de 8,000 facultativos menos”.

“El proyecto persigue tres objetivos principales. Primero, permitir el cumplimiento remunerado del requisito de servicio comunitario, eliminando la carga económica que representa el trabajo no compensado. Segundo, mejorar el acceso a servicios médicos especializados en áreas críticas fuera del Plan Vital... Y, tercero, reforzar los esfuerzos de retención de médicos en Puerto Rico, ofreciendo alternativas más flexibles y viables para cumplir con los requisitos del Código de Incentivos”, indicó La Fortaleza en un comunicado en el que anunció la iniciativa.

Otras administraciones gubernamentales han tratado también de atender el éxodo de médicos, lo que dio paso a la antigua Ley 14-2017 y luego a la Ley 60-2019. La primera estableció una tasa fija de contribución sobre ingresos del 4% y beneficios contributivos a médicos, dentistas y especialistas que ejerzan en la isla. Además, los dividendos emitidos por negocio de servicio médico son exentos de contribuciones hasta un tope de $250,000.

Mientras que la Ley 60-2019 –que ahora integra la Ley 14– otorgó exenciones sobre ciertos ingresos pasivos, incluyendo dividendos y ganancias de capital.