El director ejecutivo de la Junta de Retiro, Arnaldo J. Ortiz Miranda, informó este domingo que lograron identificar a 1,306 empleados del gobierno retirados, y les desembolsaron $18 millones –$13,000 a cada uno– que resguardaban de sus pensiones bajo lo que se denomina como Reforma 2000, cobijados por la Ley 305 de 1999.

“Había un total de $18 millones disponibles para personas que se habían desvinculado del servicio y no reclamaron ese dinero. Se desembolsó la totalidad de ese dinero para beneficiar a 1,306 personas que fueron las elegibles a esas reclamaciones, lo que da un promedio de $13,000 por persona”, precisó Ortiz Miranda durante una conferencia de prensa en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

Durante el verano, el funcionario había divulgado que el dinero no había sido reclamado e hizo un llamado a los exempleados del gobierno y sus familiares para que se comunicaran con Retiro si dejaron el servicio público entre el 2000 y 2017.

Tras la reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico, a esos exfuncionarios se les crearon cuentas, conocidas como Plan 106, en las que se les depositó dinero de las aportaciones más los intereses devengados del 2000 al 2017. Eso es lo que se denomina la Reforma 2000.

La Junta de Supervisión Fiscal dispuso de $292 millones para la creación de las cuentas, y de esa cantidad, quedaban $18 millones, precisó Ortiz Miranda.

Con el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, se dispuso liquidar las obligaciones de Retiro con los participantes de la Ley 305, y a aquellos que ya no están activos en el servicio público se les paga el dinero sin que tengan 65 años de edad y sin necesidad de dárselos en anualidades.