La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, reiteró este miércoles que la entrega de las copias de las órdenes de cierre de las 229 investigaciones ante la consideración de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) despachadas y resueltas, como pedía el senador Luis Javier Hernández Ortiz, comprometía la seguridad de informantes y expondría tácticas fiscales.

“Le hemos brindado al legislador Luis Javier Hernández Ortiz la información que la ley nos faculta a entregar en este momento y que no afecta procesos investigativos presentes ni futuros. Como cuestión de hecho, hasta le recibimos en la agencia y le respondimos sus interrogantes”, dijo Gómez, en declaraciones escritas.

“La información tan amplia y general que solicitó el senador pondría en peligro procesos investigativos actuales y futuros”, subrayó.

Sus expresiones surgieron a 24 horas de que el juez superior Anthony Cuevas, del Tribunal de San Juan, desestimara la demanda presentada por el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado en contra de Justicia exigiendo las copias de las órdenes de cierre de más de 200 investigaciones que involucran a servidores públicos archivadas desde septiembre de 2025.

Según la sentencia, Hernández Ortiz, al actuar a título individual, carecía de “legitimación activa” para incoar el recurso al amparo del Artículo 34-A del Código Político. El legislador ya anticipó que evalúa “los próximos pasos y los mecanismos disponibles para vindicar nuestras prerrogativas legislativas”

“Aclaramos, una vez más, que no es correcto que el Departamento de Justicia haya cerrado alrededor de 200 casos de corrupción sin investigar. Todo lo contrario, por primera vez, estamos solicitando que los fiscales rindan un informe detallado sobre las gestiones de investigación en aquellos casos cuya etapa investigativa se ha extendido por más de dos años”, señaló Gómez.

Dijo que, en algunos casos, los fiscales recomendaron un cierre administrativo porque no contaban con los elementos de delito o prueba suficiente para ser procesados en un tribunal, al momento de su evaluación. “Esto no es final. Como hemos explicado, de obtener la evidencia que se requiere para probar el caso más allá de duda razonable, la investigación puede reactivarse”, argumentó.

En sus declaraciones iniciales sobre el asunto, Justicia habló del “despacho y resolución” de 229 casos ante la consideración de la DIPAC.

“El rendimiento y la agilización de la DIPAC están validados con datos y estadísticas claras que reflejan nuestro compromiso con el pueblo de Puerto Rico. Ahora bien, las órdenes de cierre y los informes de los fiscales no son documentos de libre divulgación; constituyen el núcleo del producto de trabajo del Ministerio Público y forman parte de un proceso deliberativo interno”, informó, el pasado 19 de mayo, la subsecretaria de Justicia, Annette Esteves Serrano.

Entre las investigaciones cerradas, está la que, desde 2022, pesaba sobre Suzanne Roig Fuertes, actual secretaria de la Familia, por presuntos actos irregulares cometidos mientras se desempeñaba en un puesto gerencial del Departamento de Salud el pasado cuatrienio. En este caso, Justicia sí compartió copia del expediente.

“Hemos demostrado con acciones que no nos tiembla la mano a la hora de investigar, procesar y referir cuando procede legalmente y contamos con la evidencia necesaria para sostener un caso en un tribunal. Así lo hicimos recientemente al referir a dos funcionarios de la actual administración”, subrayó Gómez.