Al revelar los primeros tres proponentes con una evaluación preliminar “satisfactoria” en la carrera por sustituir a Physician Correctional como administrador del sistema de salud en las cárceles, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, aseguró este lunes que ninguno está vinculado al proveedor actual y tampoco son clientes de la firma de cabilderos Politank.

El titular del DCR afirmó que ninguno de los 12 proponentes –entre ellos, dos que se retiraron de la contienda– es cliente de Politank, compañía que perteneció hasta finales de 2024 al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y que sí representa a Physician Correctional desde el año pasado.

“En lo absoluto. Tenemos los nombres de todos los proveedores, y asistieron los presidentes de las corporaciones con su personal técnico ante el comité evaluador. No ha habido ninguna intervención de esa empresa (Politank) en cuanto a los 12 proponentes“, contestó Quiñones Rivera, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Después de las audiencias con los 12 proveedores interesados, Renaissance Medical Group (RMG), Central Physician Services LLC y Physician Advisers PSC fueron los tres mejor cualificados, al demostrar “desempeño altamente satisfactorio” y ser las “alternativas más viables”, según el informe preliminar del comité evaluador, documento al cual este diario tuvo acceso.

“Estas tres empresas no tienen nada que ver con Physician Correctional. Hay un grupo de proponentes que no están a ese nivel satisfacción, lo catalogan como moderado”, enfatizó Quiñones Rivera, quien advirtió que eso no los descarta necesariamente del proceso.

Strategic Providers Alliance y Management Solutions Corp. retiraron sus propuestas, lo que Quiñones Rivera atribuyó a “decisiones de negocios”.

El secretario del DCR aún “no ha validado” cuáles empresas, entre el grupo completo, podrían tener relación con el actual proveedor, ya que les ha llegado información sobre “posibles” vínculos entre los restantes proveedores evaluados. “Ciertamente, es algo que siempre se mira, que no haya un alter ego en una compañía y se cree otra con el mismo fin y terminemos, básicamente, en lo mismo”, continuó sobre Physician Correctional, que hace solo tres semanas anunció una inversión en servicios a los más de 7,000 confinados que atienden.

Al momento de esta publicación, no había sido posible obtener comentarios de Physician Correctional sobre los adelantos del proceso para sustituirles.

En torno a la contratación de Politank por parte de Physician Correctional, el titular del DCR negó que tuviera efectos en su determinación.

“Cada empresa tiene la potestad de contratar a quien entienda que le pueda ayudar en distintas áreas. Eso no cambia mi análisis desde que llegué al DCR y cuando en julio le notifiqué por escrito al proveedor actual que yo tenía intención de cambiar el contrato y las razones para ello. Eso no ha cambiado y no va a cambiar”, enfatizó, al reconocer la presencia de personal de Politank en reuniones con Physician Correctional.

“Si nosotros detectamos alguna compañía que sea una continuidad o que el proveedor actual está detrás, esa compañía no va a pasar a segunda base. Estamos bien pendientes a eso”, reiteró el secretario.

El comité evaluador de propuestas de la Administración de los Programas de Salud Correccional, designado el 3 de marzo y compuesto por cinco funcionarios de la agencia, recomendó también contratar un perito con conocimiento en áreas de administración hospitalaria, servicios médicos, psiquiátricos, farmacia, salud dental y capacidad económica.

Quiñones Rivera dijo que buscan ese experto para que realice una “evaluación exhaustiva”, que espera esté culminada en verano. No pudo estimar cuánto costaría ese contrato, pero planteó que no debe llegar a los “cientos de miles de dólares” porque sería por un corto plazo.

“El costo es algo que tenemos que controlar. Hay que verlo dentro de un contrato de $11.5 millones anuales y la administración de un fondo de salud correccional de $54 millones anuales. Vamos a ser bien juiciosos porque los recursos del Estado son limitados”, respondió.

El titular del DCR tampoco compartió a cuánto ascienden las ofertas de las empresas proponentes, ya que, dijo, prefiere reservarse esa información para no afectar los futuros procesos de licitación. Sin embargo, enfatizó que “no necesariamente están buscando lo más barato, sino los mejores servicios”.

“El costo más caro es no brindarle servicios de salud adecuados a la población correccional. No solo por ellos, sino también por la sociedad en general. Tenemos muchos confinados que salen del sistema en algún momento, y queremos que reciban los mejores servicios de salud, porque no brindarlos es más costoso cuando salgan a la libre comunidad”, abundó Quiñones Rivera.