Pese a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) expresó su preocupación respecto a la práctica del gobierno de conceder contratos sin que medie un proceso competitivo –observada en la contratación de la empresa XUVO Technologies por parte del Departamento de Salud–, el secretario Víctor Ramos defendió este domingo el proceder de la agencia, y puntualizó que no se le señaló ilegalidad alguna sobre el acuerdo.

Tras evaluar el contrato, la JSF recomendó el viernes al Departamento de Salud –en una comunicación escrita– que, en un plazo de 90 días, conduzca un proceso competitivo para adjudicar qué empresa proveerá los servicios para administrar la plataforma electrónica mediante la cual se expiden y renuevan licencias y certificaciones en la agencia. Mientras, mantuvo vigente el contrato con XUVO Technologies para no afectar la prestación de servicios.

“No hay incumplimiento de leyes, normas o reglamentos, punto. Y todo lo solicitado por la Junta, en sus múltiples RFI (peticiones de información), se les fue sometido. De hecho, les informo que, a pregunta nuestra, la Junta confirmó expresamente que este contrato no fue desautorizado, ni se ordenó su cancelación. Esa es la mejor evidencia de que el Departamento actuó correctamente y conforme a derecho”, sostuvo el secretario de Salud en declaraciones escritas.

Ramos no estuvo disponible para entrevista, pese a que se solicitó, y en sus expresiones escritas no precisa si acogerá la recomendación de la JSF.

“La Junta únicamente recomienda, mas no obliga, la realización de un proceso competitivo, lo cual consideraremos conforme a la política pública de eficiencia y servicio continuo al pueblo. Y deja claramente establecido que el contrato no se debe cancelar”, enfatizó Ramos.

De paso, recomendó al ente que controla las finanzas públicas evaluar con el mismo rigor los contratos que otorga a sus asesores y cabilderos.

“Creo importante recordar que la transparencia y la competencia deben ser principios universales. Por eso, invito respetuosamente a la propia Junta de Supervisión Fiscal a evaluar con el mismo estándar de escrutinio los contratos multimillonarios que otorga a sus asesores y cabilderos de alto costo, los cuales también se pagan con dinero del pueblo de Puerto Rico y que se deberían, igualmente, considerar llevar mediante procesos competitivos”, agregó el secretario en sus expresiones.

El presidente ni el vicepresidente de XUVO Technologies, Pedro Santiago Rosado y Félix Camacho Ramos, respectivamente, estuvieron disponibles este domingo para entrevista. Ninguno ha respondido múltiples peticiones de este medio las pasadas semanas.

En mayo, sin que mediara subasta u otro proceso competitivo, Ramos concedió un contrato a XUVO Technologies por un valor nominal de $5 para, a través de una plataforma digital, emitir certificados, licencias y otros servicios del Departamento de Salud.

Ese contrato ha sido señalado por fuentes como el motivo principal que provocó la renuncia o el retiro de los nombramientos de directivos de Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), ente gubernamental que debe avalar todo contrato sobre tecnología en el gobierno. Al momento, PRITS permanece sin director en propiedad, y la Oficina del Inspector General (OIG) examina el contrato luego que, previamente, detectara irregularidades en los contratos otorgados por el Departamento de Estado y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a XUVO Technologies. La carta de la JSF confirma el análisis de la OIG.

PRITS, según reseñó este medio, no avaló inicialmente el contrato de Salud con XUVO y, en cambio, mantenía en curso un proceso competitivo, cuando Ramos dio paso a la contratación.

La JSF determinó examinar el contrato, con duración hasta el 30 de junio de 2030, porque no le fue notificado y por entender que las transacciones a realizarse suponían un monto que requería su intervención. De acuerdo con la Ley Promesa, todo contrato mayor a $10 millones debe ser avalado por la Junta antes de ser otorgado, pero en su evaluación, estimó que el valor del contrato con XUVO asciende a $7.5 millones, a base de la información sometida por Salud.

Ramos resaltó, en sus declaraciones, que “la propia Junta reconoció que (el contrato) no alcanzó el umbral de los $10 millones que requeriría una aprobación formal” de ese organismo.

La JSF, no obstante, le manifestó a Ramos su preocupación por la manera en que se concedió el acuerdo.

“La (JSF) está preocupada con la inconsistencia del gobierno para adherirse a procesos que promuevan las competencias del mercado y la responsabilidad fiscal. La Junta recomienda a Salud llevar a cabo un proceso competitivo en los próximos 90 días”, lee la carta.

Previo a las declaraciones escritas de Ramos, el asesor de la gobernadora Jenniffer González en asuntos legislativos, Jean Peña Payano, también dijo, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza este domingo, que no hubo nada ilegal con el otorgamiento del contrato.

“Cuando uno lee la misiva, no hay nada ilegal, no hubo ningún proceso cuestionable en este sentido”, subrayó el asesor.