Temprano en 2026, los empleados del gobierno central podrían estar sujetos a nuevas escalas salariales, a partir de un análisis que la Oficina de Transformación y Administración de los Recursos Humanos (Oatrh) encamina junto a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y que fue notificado recientemente a los jefes de agencia.

El director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, confirmó, en una carta a su homólogo de la Oatrh, Facundo Di Mauro Vázquez, la aprobación del organismo al reglamento que la dependencia propuso para dar paso a la revisión de las escalas. Las escalas existentes cobraron efecto en enero de 2023, cuando se implantó por primera vez un Plan de Clasificación y Retribución Uniforme que aplica a la mayoría de las agencias del gobierno central, luego de años de discusiones entre el ejecutivo y la JSF.

“Las reglas propuestas informan a las entidades de gobierno sobre las revisiones venideras y las actualizaciones a los Planes de Clasificación y Remuneración, resultando en la implementación de un nuevo salario base en 2026, hasta cuando no habrá cambios a escalas salariales existentes ni se considerarán nuevas clasificaciones de puestos de forma fragmentada o individual”, indicó Mujica, al designar como “aprobados” los parámetros de revisión.

Di Mauro Vázquez, en tanto, había notificado a los jefes de agencia el inicio de la revisión el pasado 18 de agosto, por medio de un memorando que subrayó que las escalas existentes se prepararon utilizando datos del mercado de finales de 2022, es decir, hace tres años.

“Habiendo transcurrido cerca de tres años desde la implementación, y alineado con las mejores prácticas en la administración de planes de retribución, resulta necesario analizar la evolución del mercado y, con base en información actualizada, ajustar el plan para reflejar con mayor precisión las condiciones salariales actuales”, planteó el funcionario.

El análisis en colaboración con la JSF, abundó Di Mauro Vázquez, comenzó en junio y se extenderá por el resto de 2025: “El objetivo es actualizar la información del mercado que sirve como base para los planes, cuya revisión se implementará a principios de 2026”.

Al igual que Mujica en su comunicación de este pasado miércoles, el jefe de la Oatrh había señalado que, mientras se encaminen las revisiones a los planes de clasificación y retribución, no se autorizarán, como regla general, ajustes a escalas o clasificaciones.

“La decisión responde a la necesidad de mantener coherencia y consistencia en el proceso. Realizar modificaciones en esta etapa podría generar inconsistencias o quedar sin efecto una vez entre en vigor el nuevo plan revisado”, expresó Di Mauro Vázquez.

Las excepciones a la veda incluyen cuando, por medio de ley o reglamento, se creen funciones “que no estén contempladas en ninguna clase existente” o alguna “entidad externa reguladora o fiscalizadora con jurisdicción y competencia” requiera lo propio “para el uso de fondos o cumplimiento regulatorio”.

El Plan de Clasificación y Retribución Uniforme que entró en vigor en 2023 redujo de más de 22,000 a unas 1,500 las clasificaciones de puestos en el gobierno central y, de acuerdo con datos provistos en aquel entonces, más de la mitad de los 45,000 trabajadores cobijados recibió un incremento salarial.

En virtud de la Ley 8-2017, el Plan de Clasificación y Retribución aplica a todos los puestos en agencias no exentas del cumplimiento con el estatuto, que codificó el concepto del gobierno central como “empleador único”, con la intención de facilitar la movilidad entre dependencias.

Entre las dependencias exentas, figuran la Universidad de Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina de Ética Gubernamental y corporaciones públicas. Los maestros del Departamento de Educación tampoco forman parte del plan.