Mientras continúan elaborando protocolos para atender el asunto, la Administración de Vivienda Pública (AVP) instruyó a los 11 operadores de residenciales públicos que cualquier solicitud de información sobre el estatus migratorio de quienes viven en estos complejos, sea por la vía federal o estatal, se refiera y tramite directamente a través de esa agencia.

La directriz se produjo en momentos en que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) se han recrudecido y tras conocerse que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregó a las autoridades federales el listado de inmigrantes sin estatus definido con licencia de conducir en la isla.

“Al momento, no hemos recibido ninguna petición de información. Aún estamos trabajando en los protocolos. Esperamos, en la próxima semana, Dios mediante, poder completarlos. Y, como ha mencionado nuestra gobernadora (Jenniffer González), cualquier información que provenga con órdenes judiciales vamos a estar trabajando con ellas”, manifestó este martes el administrador de la AVP, Juan Rosario, durante la sesión semanal “En Récord”, en La Fortaleza.

La semana pasada, la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez, informó que confeccionaban protocolos para lidiar con afectados, en caso de que hubiese intervenciones de ICE en residenciales públicos.

Al respecto, Rosario abundó que el objetivo de los protocolos es velar por la “seguridad e integridad” de los residentes.

En tanto, aseguró que, si no media una orden judicial, la AVP no entregará información de los vecinos. Reiteró que dicha petición u orden no existe al momento.

“La instrucción que tiene todo agente administrador, que en este momento son 11, es que cualquier tipo de solicitud de información, sea de cualquier agencia gubernamental federal o estatal e, inclusive, de los propios cuerpos legislativos, tiene que hacerse a través de la AVP, que es la responsable de custodiar la información de nuestros residentes”, puntualizó el funcionario.

Por su parte, el secretario del DTOP, Edwin González, quien hace unos días se ausentó al encuentro con la prensa, detalló que entregó a ICE un listado de poco más de 6,000 personas con estado migratorio no definido que tienen licencia de conducir en la isla.

Su homóloga del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, indicó, en tanto, que aún no han recibido una orden judicial para entregar información de dos menores bajo custodia de la agencia, sobre los cuales ICE hizo un requerimiento hace una semana.

“No compartiremos ningún tipo de información para la que no tengamos una orden del tribunal. Son nuestros protocolos usuales y lo estamos aplicando”, expresó.

Roig no especificó cuál fue la petición de ICE, más allá de decir “información de los menores”. Fue la gobernadora quien reveló que la agencia federal había pedido datos a Familia, luego de una reunión con la secretaria el lunes de la semana pasada.

“Nosotros tuvimos una reunión con personal de ‘Homeland Security’ (Departamento de Seguridad Nacional), donde nos hacen la petición”, compartió la secretaria.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) –la rama investigativa de ICE– detalló la semana pasada a este medio que hizo la solicitud el 22 de mayo, y dijo que se trataba de datos de “dos personas que son menores de 21 años, pero mayores de 18 años, que llegaron a los Estados Unidos sin compañía de custodia legal cuando eran menores de 18 años”.

“Entre las iniciativas activas, nos toca asegurar que estas personas que entraron sin custodio legal estén seguras, fuera de peligro y certificar que tengan una vista ante el juez de inmigración”, indicó HSI por escrito.

A preguntas de El Nuevo Día sobre cómo Familia procedería en caso de recibir una orden judicial respecto a los menores que resguarda, Roig respondió: “Todos conocemos lo que implica una orden de un tribunal y el no cumplimiento de una orden de un tribunal”.

“Sin embargo, no nos vamos a adelantar. No hemos recibido una orden del tribunal. Cuando ese momento llegue, será analizado”, agregó.