La redefinición de la zona marítimo terrestre (ZMT), tal cual contemplada en el Proyecto de la Cámara (PC) 25, desprotege la vida, propiedad y seguridad de la población ante las inundaciones costeras, advirtió este martes la oceanógrafa geológica Maritza Barreto Orta.

Según la experta, la medida, además, ignora las necesidades actuales de conservación y pone en riesgo tanto los hábitats críticos como la continuidad de actividades económicas.

“La situación no mejorará, y proyectos como el PC 25, donde no se insertan conocimientos de base científica claros, o estos se incluyen a medias o no son aplicables a la realidad operacional o dinámica costera de la isla, podrían causar mayores problemas”, sostuvo, al deponer en una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales del Senado.

Al recordar que la isla tiene 1,285 playas “que son depósitos arenosos”, la también exintegrante del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático expuso que, según estudios del Instituto de Investigación y Planificación Costera, desde 2012, Puerto Rico ha tenido un incremento en erosión, lo que ha producido, a su vez, una reducción del “umbral geomórfico” de las playas y dunas.

Durante la audiencia, Barreto Orta destacó, asimismo, que el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático –preparado por el Comité y sometido a la Legislatura en 2024– contiene una de las definiciones “más completas” de lo que debe ser la ZMT.

“Considero que tiene una de las definiciones más completas a ejecutar ante un escenario de manifestaciones de cambio climático, donde tenemos que proteger el entorno que tenemos y no extender el uso no adecuado del territorio en zonas de alto riesgo”, indicó.

Agregó que el manejo de la costa y el problema de erosión deben tratarse como un “asunto de seguridad nacional”. Reconoció que se trata de un tema complejo y que está abierto a interpretaciones erróneas porque, en múltiples instancias, no se utiliza la ciencia correctamente.

El Plan se mantiene en un limbo en la Legislatura, a pesar de que la gobernadora Jenniffer González se comprometió –durante su campaña– con darle “la atención y consideración que amerita”. El Senado aprobó el informe acogiendo parte de las recomendaciones del Comité, pero la Cámara de Representantes no ha actuado sobre el documento.

La ZMT, según el PC 25, de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, sería “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo hasta donde llega la línea del nivel medio de pleamar mayor determinada sobre una época mareal de 19 años, en donde son sensible las mareas, y hasta donde alcance las olas bajo condiciones meteorológicas típicas documentadas, excluyéndose las marejadas ciclónicas en donde las mareas no son sensible, e incluye los terrenos ganados al mar y las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensible las mareas”.

Esta definición fue integrada a la propuesta reforma de permisos de la gobernadora Jenniffer González –Proyecto del Senado 1183–, confirmó antes el presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz.

Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico expresó su oposición a la legislación, por entender que coloca el deber constitucional del Estado de conservar los recursos naturales en un plano secundario frente a la protección de derechos propietarios “sin un adecuado balance”.

“El proyecto propone atender derechos propietarios enmendando la definición de un recurso natural protegido de rango constitucional. Sin embargo, no ha evaluado el impacto económico ni ecológico que tendrá enmendar la definición de la ZMT”, expuso Lolimar Escudero, abogada de Política Pública y Legislación de la ACLU de Puerto Rico.

Tanto Barreto Orta como Escudero coincidieron en que la definición de ZMT necesita ser actualizada y ser más específica. No obstante, sostuvieron que una enmienda a la definición actual requiere la participación de expertos que logren un lenguaje aplicable a la realidad climática.

“Esta nueva definición (contenida en el PC 25) se presta para facilitar los reclamos privados sobre terrenos que antes quedaban claramente en la ZMT. El proyecto resulta problemático al no contemplar eventos como el cambio climático o el aumento en el nivel del mar, ni proveer mecanismos de interpretación para la definición en tales eventualidades”, afirmó Escudero.

En la vista, también participó el programa Sea Grant Puerto Rico, que le solicitó a la Legislatura “sensatez” al aprobar medidas que “debilitan” la protección de las costas y playas como bienes de alto valor ecológico. La organización Hispanic Federation también deja en récord su oposición a la medida.