Mientras más de 50 organizaciones se manifestaban en las afueras del Capitolio en contra de la intención legislativa de redefinir la zona marítimo terrestre (ZMT), en el interior, más de una docena de deponentes se expresaron este miércoles sobre el Proyecto de la Cámara (PC) 25, con los opositores objetando que la medida afectaría la protección ambiental y debilitaría el acceso a las playas de Puerto Rico.

Solo cuatro senadores asistieron a la vista pública: Marissa Jiménez Santoni, presidenta de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales –a cargo del análisis–; María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Héctor Joaquín Sánchez, del Partido Nuevo Progresista (PNP); y el independiente Eliezer Molina.

Jiménez Santoni anticipó que evalúan citar otra vista ante el interés que ha levantado la medida. También, consideran convocar mesas de trabajo.

“Desde una perspectiva jurídica, la enmienda propuesta plantea riesgos significativos para la integridad del dominio público marítimo terrestre, al reducir el tamaño de la zona marítimo terrestre y desplazar áreas funcionalmente costeras hacia la esfera privada. Este desplazamiento no solo afecta la protección ambiental de ecosistemas críticos, tales como dunas, playas y zonas de amortiguamiento, sino que también debilita el derecho colectivo de acceso y uso de las playas, históricamente reconocidas en Puerto Rico como bienes de uso común”, planteó la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico.

Según otros deponentes, el PC 25 ignora por completo los efectos del cambio climático, en particular el aumento del nivel del mar. Asimismo, denunciaron que la legislación –del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez– no cuenta con la posición de científicos y organizaciones ambientales.

“La redefinición de la zona marítimo terrestre no puede ignorar el evidente e imparable aumento del nivel del mar. Legislar para redefinir la ZMT eliminando el criterio de marejada ciclónica y sustituirlo por el de marea equinoccial de forma arbitraria, pone en riesgo derechos fundamentales de seguridad individual, libertad de movimiento, derechos propietarios y justicia ambiental”, argumentó –en ponencia escrita– la organización Murciélagos Beach Defenders, al añadir que cualquier intento de reducir o limitar la ZMT “expone al país a mayores riesgos ambientales, económicos y de seguridad pública”.

La ZMT, según la medida de Méndez, sería “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo hasta donde llega la línea del nivel medio de pleamar mayor determinada sobre una época mareal de 19 años, en donde son sensible las mareas, y hasta donde alcance las olas bajo condiciones meteorológicas típicas documentadas, excluyéndose las marejadas ciclónicas en donde las mareas no son sensible, e incluye los terrenos ganados al mar y las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensible las mareas”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico –a la que la comisión senatorial no otorgó un turno de ponencia en la vista– comentó que, si bien el PC 25 reafirma que la ZMT es un bien común de dominio público, altera de manera sustancial el balance actual al disponer expresamente que, tierra adentro de esa zona, comienzan los bienes de “dominio particular” –o propiedad privada–, y que esa franja privada solo queda gravada por una servidumbre de salvamento de hasta 20 metros y una servidumbre de vigilancia litoral de 6 metros. Dispone, además, que esos 6 metros están comprendidos dentro de los 20 metros y no se suman aparte.

Frente a ello, el marco reglamentario vigente reconoce para fines regulatorios una franja costera más amplia, de 50 metros, compuesta por 20 metros destinados a uso público desde la ZMT y 30 metros adicionales donde no pueden levantarse estructuras permanentes. Según la ACLU, el efecto práctico del proyecto es desplazar un modelo más protector del litoral y del interés público por otro más estrecho, que reduce el espacio de protección costera y favorece una delimitación más rígida a favor del dominio particular fuera de la ZMT.

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, sostuvo: “Quiero dejar claro que este proyecto no le roba las playas a nadie, quiero que el récord quede claro. Aquí no hay ningún cambio, aquí no se le está quitando nada a nadie”.

Quiles Pérez favoreció la aprobación de la medida, condicionada a que sufra varias enmiendas, incluyendo que se establezca el término “servidumbre” para identificar la franja total de 20 metros y que se eliminen los conceptos de “salvamento” y “vigilancia”.

Un careo surgió entre Molina y el secretario sobre el posible impacto al acceso a las playas. Quiles Pérez guardó silencio y se limitó a sonreír ante múltiples preguntas del senador.

“A mí, me van a tener que matar para robarle las playas de mi país”, sentenció Molina.

Adicional al DRNA, otros favorecedores de la pieza legislativa incluyen el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Federación de Alcaldes –que agrupa a los ejecutivos municipales del PNP– y la Asociación de Constructores –autora de la definición de ZMT incluida en la medida–. Mientras tanto, entre los opositores, figuran Sierra Club Puerto Rico, Arrecife Condado Inc., Resiliency Law Center, Cambio PR, Salvemos a Playuela y Amigxs del M.A.R.

En un país caribeño, por ende, más expuesto al impacto de huracanes y otros eventos atmosféricos, los deponentes a favor del PC 25 favorecieron descartar la meteorología como un criterio al momento de planificar.

“Ignorar la meteorología y hacer un énfasis tan desmedido sobre la predecibilidad lo que hace es que nos expone a riesgos mayores con el tiempo, especialmente el cambio climático y el aumento en el nivel del mar. Y, además, limita radicalmente nuestra capacidad para adaptarnos; la adaptación, precisamente, es cómo nosotros nos podemos manejar dentro de un entorno de incertidumbre, y la mejor forma de hacerlo es utilizando los criterios que tenemos, especialmente los criterios históricos”, refutó el licenciado Francisco Aquino, de la organización Cambio PR.