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¿Amnistía para entregar armas ilegales como herramienta adicional para atajar el crimen?

Cámara de Representantes tiene ante su consideración una legislación con ese objetivo

26 de mayo de 2026 - 7:00 AM

La pieza legislativa bajo análisis busca enmendar el Artículo 7.22 de la “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020” con el fin de declarar una amnistía general de hasta 90 días. (Shutterstock)

Mientras las estadísticas de la Policía confirman un repunte en los asesinatos, una propuesta legislativa busca retirar las armas ilegales de las calles. Pero, ¿podría ser esta una apuesta para -en conjunto con otras medidas de la Uniformada- atajar la ola criminal que este fin de semana cobró, al menos, 12 vidas?

El representante y policía de profesión Félix Pacheco afirma que sí. “La intención legislativa es sacar las armas ilegales de las calles. Esa es la intención, darle a la Policía las herramientas. Nosotros pudiésemos tener un sinnúmero de logística y proyecciones, pero esto es una herramienta vital”, afirmó el autor del Proyecto de la Cámara (PC) 1260.

La pieza legislativa bajo análisis busca enmendar el Artículo 7.22 de la “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020” con el fin de declarar una amnistía general de hasta 90 días. Bajo este marco legal, cualquier ciudadano podría entregar voluntariamente a la Policía armamento ilegalmente adquirido, encontrado o de procedencia desconocida, con la garantía de que no será acusado ni procesado por la tenencia ilícita del material. La medida será analizada en vista pública este miércoles.

En Puerto Rico, según Pacheco, se desconoce el número de armas ilegales que circulan por las calles. No obstante, el legislador recordó que, en un esfuerzo similar realizado, en 2012, por la administración de Luis Fortuño, se recogieron 1,990 armas y 110,000 municiones.

“Le puedo garantizar que son muchísimas. A diario, la Policía de Puerto Rico impacta la calle mediante diferentes estrategias y, aun así, siguen surgiendo armas. Están entrando por los muelles y por piezas en envíos postales”, indicó el representante novoprogresista.

Un estudio publicado, en marzo de 2022, por el Gliffords Law Center, titulado Gun Violence in the US Territories, concluyó que, si bien la Ley de Armas es “relativamente estricta”, “es socavada por las altas tasas de tráfico de armas, provenientes de estados con leyes de armas débiles”.

En cuanto a las armas ilegales, el análisis reflejó que solo el 13% de las armas de fuego recuperadas en la isla por las fuerzas del orden público fueron vendidas originalmente en Puerto Rico. Desde 2015 a 2019, el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) recuperó y rastreó un promedio de 845 armas anuales de origen desconocido.

Durante el año fiscal 2022-2023, se ocuparon 170 armas ilegales. “Cuando estaba en el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), trabajé en una pesquisa, y ninguna de las armas que habíamos comprado como policías tenía número de serie. Al final del día, la investigación nos llevó hasta Texas, donde la persona objeto de investigación las montaba y vendía en la calle por $3,000, un arma que tenía un costo de $600 a $700″, señaló Pacheco.

El proyecto de ley especifica que el gobierno de Puerto Rico no podrá abrir ningún tipo de investigación ni expediente, ni podrá radicar cargos criminales por la posesión o tenencia ilegal de un arma de fuego entregada a la Policía por las personas que se acojan a la amnistía y voluntariamente entreguen el material. No obstante, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) llevará a cabo una investigación sobre la procedencia de las armas entregadas, a los efectos de establecer si están vinculadas con algún evento delictivo.

Asimismo, la propuesta dispone que será la Policía, en colaboración con otras entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, la que establezca los centros de acopio autorizados a recibir armas de fuego y municiones.

Con las 12 muertes violentas reportadas este fin de semana (hasta el mediodía del lunes), se elevó a 199 el número de asesinatos este año. Esto representa 27 más que los 172 reportados, para la misma fecha, en 2025, de acuerdo con la Policía.

El también presidente de la Comisión de Seguridad opinó que la cifra es “alarmante”, por lo que anticipó la citación del jefe de la Policía, Joseph González; y de personal del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) a la Cámara de Representantes. “Queremos ver cuáles son los mecanismos para fortalecer el trabajo de la Uniformada. Sabemos que hay estrategias, pero entiendo que cada día hay que repasarlas y, dada la incidencia, es momento de así hacerlo”, puntualizó Pacheco.

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