De forma unánime, la Cámara de Representantes aprobó este jueves un proyecto de administración dirigido mitigar la escasez de patólogos forenses, mediante un mecanismo especial de contratación, y garantizar a largo plazo la operación del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El aval cameral se dio un día después de que la directora ejecutiva del ICF, María Conte Miller, advirtiera que la escasez nacional de patólogos forenses –que afecta directamente a Puerto Rico– ha desatado una carrera contra el tiempo. “La escasez es bien grande”, resumió.

El Proyecto de la Cámara 1380, que ahora pasa a la consideración del Senado, va dirigido a establecer un mecanismo de reclutamiento prospectivo mediante el cual el ICF podrá extender ofertas de empleo condicionadas a médicos que se encuentren cursando el último año de un programa acreditado de entrenamiento en patología forense.

La legislación fue aprobada, con 48 votos a favor, sin atenderse en vistas públicas.

Conte Miller explicó que, en 2023, el ICF implantó un nuevo Plan de Retribución y Reclasificación que, aunque logró mitigar la falta de personal y mejorar la retención de peritos de laboratorio y criminalistas, no ha resuelto la necesidad de reclutar patólogos forenses.

Una escasez de estos profesionales podría provocar retrasos en autopsias, informes periciales y procesos judiciales, así como afectar el cumplimiento de los estándares de acreditación, aumentar la carga laboral y dificultar la continuidad de los servicios. Asimismo, la falta de personal especializado sobrecarga a la plantilla actual, gran parte de ellos próximos al retiro.

Conte Miller señaló que el reclutamiento del gobierno, basado en un sistema de mérito, exige que los candidatos a una convocatoria pública cuenten con todas sus credenciales. En el caso de los patólogos forenses, sin embargo, ese momento puede ser muy tarde para lograr su contratación.

“Como la escasez de patólogos forenses y patología en general es a nivel nacional, se le hacen ofertas a estos colegas cuando están casi empezando el último año de entrenamiento para que vayan escogiendo su lugar de trabajo. Y, si esperamos al final, como exige el gobierno, cuando han terminado, están comprometidos con otros lugares”, señaló.

Para dar ese paso al frente, tiene que autorizarse al ICF mediante enmienda a Ley 135-2020.

“Ahora mismo, tenemos dos candidatos para el año que viene, pero ambos ya tienen otras ofertas que están considerando. Estamos tratando, negociando y pidiéndoles que nos den tiempo para la aprobación de la ley, para presentarle esta oferta y que la consideren”, abundó.

Sobre los dos candidatos con los que se está en conversaciones, detalló que el primero es un médico que completó su especialidad en Puerto Rico y realiza estudios adicionales en patología quirúrgica en el exterior, pero está interesado en regresar a la isla. El segundo, abundó, es un residente canadiense que culmina su especialidad en Toronto, quien, tras colaborar temporalmente en el ICF, quedó impresionado con nivel en que se práctica la patología forense aquí.

“Estas ofertas no constituirán nombramientos automáticos ni eximirán al candidato de cumplir con los requisitos legales, académicos y profesionales aplicables. El nombramiento dependerá de completar el entrenamiento, obtener las licencias, certificaciones y credenciales requeridas, y cumplir con las normas institucionales y de acreditación”, dispone la legislación.

“La plantilla de los patólogos, ahora mismo, es una plantilla de personas que están en edad de retiro. Te diría que, de los 10 médicos que habemos, hay como tres que no están en edad de retiro, así que hay que planificar con tiempo ese cambio generacional que tiene que venir porque eso es ley de vida”, señaló, en tanto, Conte Miller. “Queremos también que haya unas coincidencias de los nuevos con el personal actual para que haya esa transferencia adecuada de memoria institucional”.

Detalló que el ICF cuenta con siete patólogos –entre contratistas y empleados regulares– y tres médicos forenses. Estimó que sumar dos o tres patólogos adicionales representaría un número aceptable, aunque advirtió que alcanzar esa meta tomará tiempo debido a que deben anticiparse las jubilaciones.

Para garantizar la transparencia del proceso, el proyecto de ley obliga al ICF a mantener un registro interno que justifique la necesidad operacional de cada puesto y el perfil de los seleccionados, al tiempo que le impone el deber de someter a la Asamblea Legislativa un informe anual con datos agregados sobre la cantidad de ofertas condicionadas emitidas, las especialidades cubiertas y las vacantes pendientes de reclutamiento.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, según el informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara, avaló la medida porque complementa los esfuerzos del gobierno para atraer y retener talento especializado. No obstante, condicionó su respaldo a una planificación financiera por parte del ICF, advirtiendo que ninguna oferta de empleo anticipada constituirá una obligación de pago o un compromiso de fondos públicos hasta tanto los recursos estén consignados en el presupuesto.