En medio de las advertencias de las minorías legislativas de que la medida busca “satisfacer unos intereses particulares”, la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes aprobó este lunes el proyecto de administración de la gobernadora Jenniffer González que concedería licencias de ocupación a las estructuras existentes en La Parguera, en Lajas.

Asimismo, las minorías parlamentarias argumentaron que la legislación no promueve “mecanismos ordenados” que permitan remover las estructuras, sino que, por el contrario, pone en riesgo la zona marítimo terrestre.

“Lo que se propone es la privatización selectiva y exclusiva de lo que constitucionalmente pertenece al pueblo”, sentenció el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago.

Durante el intenso debate, que se extendió por más de una hora, Ferrer Santiago cuestionó el lenguaje incluido en la legislación, que permite la transferencia de los derechos y obligaciones sobre las propiedades a sus herederos, lo que, dijo, podría beneficiar a la gobernadora, cuyos suegros tienen dos casas en el lugar costero.

“Ni Ricky se atrevió a tanto”, dijo el legislador popular en referencia al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Estamos hablando de que la gobernadora de Puerto Rico presentó una medida en donde se le transfiere los derechos y las obligaciones de unas casetas que tienen los padres de su esposo, que en un futuro los puede heredar”, expuso Ferrer Santiago.

El Proyecto de la Cámara 269 fue presentado en enero por González, a solo tres semanas de haber llegado a La Fortaleza y en medio de una investigación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) contra sus suegros por supuestas construcciones ilegales en una de sus propiedades.

La medida -que pasa ahora a consideración del Senado- recibió 36 votos a favor, todos del PNP.

“Este proyecto lo que persigue es crear un orden en La Parguera. Mucha gente allí se sentía por la libre, no había regulación”, argumentó, por su parte, el representante penepé Gabriel Rodríguez Aguiló.

Inicialmente, la gobernadora había propuesto conceder licencias de ocupación a las estructuras existentes en el litoral de 40 años, pero dicho término se redujo a 20 años. No obstante, como parte del lenguaje incluido, se deja abierta la posibilidad de renovar la licencia una vez culminado el período de 20 años.

La legislación, igualmente, permite la reparación de las residencias existentes en la referida zona para que, según indica, “mantengan la pintoresca y colorida arquitectura que les ha convertido en un atractivo turístico”, y prohíbe “llevar a cabo obras de construcción fuera de la huella de ocupación de la estructura”.

“Si una residencia es destruida total o parcialmente, que exceda el 50% de la totalidad de la estructura, de manera que se considere prudente y razonable como inhabitable, ya sea por motivos naturales o por el mero transcurso del tiempo, la misma no podrá ser reconstruida”, lee la legislación.

El proyecto de administración prohíbe las ampliaciones y extensiones a las residencias existentes, así como las nuevas construcciones. Igualmente,dispone el cobro de cánones, los cuales serán entre un 5% y un 10% mayor a los establecidos y cobrados por el DRNA a las marinas y muelles. Ese lenguaje se mantuvo igual al presentado por la gobernadora.

“Hoy es un mal día para la planificación urbana. Hoy es un mal día para el medioamiente. Hoy es un mal día para la política ambiental del país... para todos esos es un mal día la aprobación de este proyecto de ley que, de su faz, su contenido y sus enmiendas, en nada beneficia al país”, expuso el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez.

La portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, señaló que el proyecto se ha convertido en un “issue político” con profundos conflictos de intereses, y cuestionó cuál será el futuro de áreas costeras que presenten situaciones similares. “El poder no da derecho a acomodar leyes y reglamentos para beneficio personal o favores personales”, expuso.