La Cámara de Representantes dio paso este jueves a una propuesta legislativa para que las aseguradoras de salud acepten, de manera transitoria, el número asignado por Medicare a los nuevos médicos mientras culminan el proceso de credencialización para obtener su número de proveedor permanente.

Actualmente, según el Proyecto de la Cámara (PC) 850, las aseguradoras tardan más de un año en responderle a un médico si será contratado, lo que termina siendo un escollo para los galenos recién graduados que desean servir desde Puerto Rico.

“Este proyecto surge por la necesidad que tenemos en Puerto Rico de médicos. Hay médicos que están fuera de Puerto Rico, se gradúan, quieren regresar a trabajar y se encuentran con que no pueden atender pacientes porque no tienen el número de proveedor de las aseguradoras”, dijo el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, autor de la medida.

El extenso proceso de acreditación como proveedor, agregó el legislador novoprogresista, genera pérdidas económicas para los profesionales y limita el acceso a servicios médicos, particularmente en áreas con alta demanda de especialistas.

De la misma forma, señaló que la falta de médicos se refleja en la dificultad de los pacientes para obtener citas que, en algunos casos, se prolongan más de un año. “Nosotros no estamos obligando a la aseguradora a contratar ningún médico, eso no lo dice el proyecto. Lo que sí establece es que las aseguradoras, con esta ley, se van a ver obligadas en proveer los servicios a sus pacientes, a través de estos médicos, con ese número provisional”, detalló.

Este es uno de varios factores que, a través de los años, han identificado los organismos que agrupan a la clase médica que inciden en la retención de profesionales de salud. También, está la culminación y modificación de contratos con los médicos, la denegación de pagos y la creación de redes preferenciales.

Un estudio publicado, a principios del año pasado, por la Junta de Supervisión Fiscal reveló que Puerto Rico sufre un déficit de 1,286 médicos especialistas, cifra que –si no se toma acción– rondaría los 1,305 en 2030, antes de comenzar a declinar gradualmente debido a la proyectada baja en la población a largo plazo. Sin embargo, ante el continuo cambio en el perfil de los habitantes –sobre todo, la tendencia al envejecimiento– no todas las áreas del cuidado médico tendrán, en futuro, la misma demanda.

El “Estudio de la fuerza laboral en la industria de la salud” también reflejó que, a nivel regional y en términos generales, las regiones de Arecibo, Ponce y Mayagüez son las más afectadas por la escasez de especialistas, que suelen concentrarse en el área metropolitana de San Juan, en detrimento de los habitantes de pueblos rurales.

Rodríguez Aguiló estableció para récord que las aseguradoras Triple-S, MMM Holdings y el Plan de Salud Menonita se expresaron en contra del PC850. Aclaró, asimismo, que la iniciativa no incluye a los pediatras ni a los subespecialistas que no son proveedores de Medicare.

“Espero que este proyecto llegue pronto a las manos de la gobernadora (Jenniffer González) y que pueda firmarlo porque, al final del día, se trata de tener más proveedores, más médicos disponibles y que nosotros podamos tener acceso no limitado, como ocurre hoy, a los servicios de salud”, apuntó.

La medida recibió 33 votos a favor y tres en contra. Estos últimos fueron de los representantes Héctor Ferrer y Ángel Fourquet, del Partido Popular Democrático, y de la portavoz de Proyecto Diginidad, Lisie Burgos. Los restantes miembros de la delegación popular se abstuvieron.

Con la misma finalidad, el mes pasado, la gobernadora convirtió en la Ley 46-2026 el Proyecto del Senado 508, que elimina el requisito de premédica como condición para solicitar la reválida en medicina, modernizar los procesos administrativos para la solicitud y recertificación de licencias y facilitar la integración a la práctica local de médicos licenciados en la jurisdicción federal.

Este jueves, la Cámara concurrió con las enmiendas sometidas por el Senado al PC153, que crea una alerta para la búsqueda y recuperación de veteranos; el PC931, que reconoce el maltrato a animales como una forma de intimidación contra los adultos mayores; y el PC 253, dirigido a regular y asegurar el derecho de las personas con enfermedades terminales, crónicas o degenerativas a recibir cuidados paliativos y de hospicio.

Estas tres medidas pasan ahora a la consideración de la gobernadora.