La Cámara de Representantes dio paso este jueves a una medida legislativa para prohibir que personas convictas por delitos sexuales residan a menos de 1,000 metros de sus víctimas o los testigos del caso.

“Esta medida establece un balance entre el derecho a la rehabilitación que puede tener cualquier ser humano y que se garantiza por la Constitución del país, y la protección de las víctimas que tiene que ser nuestro norte como ciudadanos, como representantes y como personas de ley y orden”, señaló el representante Ramón Torres, autor del Proyecto de la Cámara 733.

Actualmente, la “Ley para el Registro y Notificación de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores” (Ley 266-2004) prohíbe que personas convictas por estos delitos sexuales contra menores residan a 500 pies de una escuela o un centro de cuidado infantil, pero no contempla disposiciones similares relacionadas con la vivienda, explicó Torres, del Partido Popular Democrático.

“Que las víctimas de delitos sexuales en este país no tengan que vivir con la cruz de que su victimario vive cerca de ellas”, expuso Torres, al asumir un turno para defender la aprobación de la legislación.

Añadió que la medida –a la que el representante Luis “Junior” Pérez se unió como coautor– surgió tras sostener una conversación con una víctima que se topó con la realidad de que su agresor, tras cumplir la pena impuesta, residiría en la misma calle que ella y su familia.

“Esta joven me mencionaba, entre lágrimas, que cómo era posible que, después que había pasado un tiempo sustancial y que había podido sobrellevar y sobrepasar la situación que vivió, le iban a permitir a este señor vivir en la misma calle donde ella estaba viviendo”, recordó Torres sobre aquel intercambio.

La medida fue aprobada de forma unánime, con 41 votos a favor.

“Puerto Rico tiene una crisis, un alto problema de violencia sexual contra la niñez”, expuso, por su parte, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, al hacer un llamado a los demás representantes a unir esfuerzos para generar política pública que evite estos “actos de barbarie con los más vulnerables”.

La semana pasada, el Departamento de Justicia radicó cargos contra un individuo, de 37 años, por actos de agresión sexual y maltrato por conducta impropia contra su hijastra. Mientras, este miércoles, agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional detuvieron a un vecino de Caguas contra el que pesan cargos por explotación sexual de menores, recepción y posesión de material de explotación sexual infantil.

“Nuestro deber como legisladores es claro: Puerto Rico debe estar del lado de las víctimas, de los testigos, de los niños y de las familias”, afirmó, en tanto, Pérez.

La legislación pasa ahora a la consideración del Senado.

El pleno cameral tambiéndio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 193, del representante Víctor Parés, para ordenar la paralización del cobro de los $300 que se imponen a clientes de medición neta por los “estudios suplementarios” que LUMA Energy realiza para determinar si la instalación de un sistema de energía renovable sobrecarga los circuitos de distribución.

Hasta finales de junio, LUMA había registrado más de 167,000 instalaciones de sistemas distribuidos, lo que representa cerca del 12% de los clientes de la red central.

La RCC 193 –atendida por descargue (sin discusión pública)– también fue aprobada de forma unánime.

La realización de los estudios suplementarios, de acuerdo con las normativas vigentes, se activa cuando un alimentador de distribución sobrepasa el 15% de la carga energética para el que fue diseñado, un umbral que ya rebasa más de la mitad de los equipos del sistema eléctrico.

De igual forma, fue refrendado el Proyecto de la Cámara 692, del representante José Aponte, para enmendar el Código Civil, a fin de que los procedimientos de desahucio contra un veterano se notifiquen a la Oficina del Procurador del Veterano, de modo que se le pueda brindar la ayuda necesaria.