El proyecto de ley que impondría requisitos adicionales para acceder a información pública será evaluado en vista pública este miércoles, luego que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, transfiriera la tarea de analizar la legislación a la Comisión de lo Jurídico, que preside José “Che” Pérez Cordero.

Hasta el jueves, el Proyecto del Senado (PS) 63 estuvo ante la consideración de la Comisión cameral de Gobierno, encabezada por Víctor Parés, quien había anticipado el miércoles que la medida -de la autoría del senador Thomas Rivera Schatz- no sería llevada a votación en esta sesión, que culmina el 18 de noviembre.

“(La evaluación del proyecto) no va a ser para ahora. Los compañeros y compañeras en la Cámara de Representantes están esperando esa vista pública”, dijo Parés, entonces, al sostener que habían comenzado a recibir memoriales explicativos.

El panorama, sin embargo, cambió súbitamente por completo. “El presidente de la Cámara nos pidió que le hiciéramos vista, y determinaremos el miércoles si continuamos con el proceso o si, de acuerdo con el análisis de las ponencias, ver si se atendería esta sesión o se queda para posterior”, explicó este domingo Pérez Cordero.

En entrevista con este medio, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) no mencionó las razones para el cambio de jurisdicción de la comisión, y sostuvo que eso era una “determinación” del presidente de la Cámara. Tampoco especificó quiénes han sido convocados a deponer este miércoles por no tener la información consigo al momento de la entrevista.

“Yo instruí a que se citen a todas las partes, tanto agencias gubernamentales como gremios. Obviamente, el tiempo es limitado, aunque no tengo problemas de quedarme escuchando a los deponentes”, expuso Pérez Cordero. “Mañana (lunes), vamos a comenzar con el análisis de las ponencias que se han recibido para hacerlas constar en el informe”, sostuvo.

Afirmó que no se había determinado “la cantidad de vistas a celebrarse”.

El PS 63 enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) para imponer requisitos adicionales a las solicitudes de información en poder de las agencias gubernamentales. Entre otras cosas, elevaría a 20 días laborables el término para la entrega de información, en lugar de los 10 días actuales, y 20 días más como prórroga, para un total de 40. Al sumar días feriados y fines de semana, el tiempo real sería de dos meses.

Asimismo, exige notificar a los jefes de agencia cada petición para considerarse “no defectuosa”, y ordena incluir la dirección postal y el correo electrónico en las solicitudes, lo que, como han advertido algunas entidades, perjudica a ciudadanos sin acceso a estos recursos, además de que expone a los solicitantes a “carpeteo” o actos de persecución al interior de las agencias.

Los grupos opositores han cuestionado, también, las sanciones –a su juicio, insuficientes– que la medida contempla contra las agencias que incumplan; la erradicación del derecho a recibir información en formatos específicos –como Excel o CSV–, lo que podría imposibilitar el análisis de los datos; y la eliminación de la discreción judicial para acortar términos en los tribunales, lo que prolongaría innecesariamente los procesos legales.

Al igual que ocurrió con la Ley 141-2019, el PS 63 fue aprobado en el Senado sin vistas públicas; su evaluación se hizo a través de siete memoriales explicativos y sin discusión. De las siete entidades que sometieron sus posturas ante la Comisión de Gobierno del Senado, seis se opusieron.