Un proyecto que concedería un crédito contributivo no reembolsable a médicos y clínicas veterinarias que realicen esterilizaciones gratuitas certificadas de perros y gatos realengos, abandonados o rescatados fue presentado por la senadora novoprogresista Roxanna Soto Aguilú, como parte de un paquete legislativo dirigido a atender la sobrepoblación animal.

“Cada procedimiento de esterilización responsable puede prevenir camadas no planificadas, reducir el abandono, disminuir la presión sobre albergues y evitar que más animales nazcan para enfrentar hambre, enfermedad, maltrato o muerte prematura”, dispone el Proyecto del Senado 1368.

La legislación –una de seis en el paquete– propone la otorgación de $75 por cada gato y $125 por cada perro esterilizado de forma gratuita, estableciendo un crédito contributivo máximo de $5,000 anuales por contribuyente.

Para que un veterinario o clínica pueda reclamar el crédito, se requeriría una certificación oficial –que sería establecida por el Departamento de Hacienda y la Oficina Estatal para el Control de Animales–, que validaría, entre otras cosas, la fecha del procedimiento, el número de licencia del veterinario, la especie y el sexo del animal, y su condición de elegibilidad.

Perros y gatos realengos, abandonados o rescatados figuran entre los animales cobijados en la medida para que pueda reclamarse el beneficio. También, aplicaría a aquellos bajo la custodia de un municipio, un albergue u organización sin fines de lucro dedicada al bienestar animal.

Soto Aguilú presentó, además, el Proyecto del Senado 1369, que propone una deducción contributiva especial para individuos y corporaciones que arrienden propiedades a un canon reducido a organizaciones sin fines de lucro dedicadas al rescate, adopción, esterilización, rehabilitación y cuidado temporero de animales.

Esta medida, según la senadora, atendería uno de los “obstáculos más frecuentes que señalan los albergues y grupos de rescate”: la falta de instalaciones apropiadas. “Puerto Rico no puede continuar descansando exclusivamente sobre la buena voluntad y el sacrificio económico de quienes rescatan animales. El bienestar animal es también un asunto de salud pública, seguridad comunitaria y responsabilidad gubernamental”, expresó, al presentar la legislación.

La deducción por arrendamiento estaría limitada a un máximo de $10,000 anuales por contribuyente y aplicaría solo a contratos con una duración mínima de seis meses. Además, el beneficio no sería admisible si existe una relación de parentesco, afiliación o interés económico entre arrendador y arrendatario.

En el paquete, están el Proyecto del Senado 1370, que autoriza a los alcaldes a permitir el uso temporal de instalaciones municipales subutilizadas o parcialmente en desuso para servicios bienestar animal sin transferir la titularidad; y el Proyecto del Senado 1373, que enmienda el Código Municipal para dar prioridad a organizaciones de bienestar animal en el arrendamiento, cesión o uso de propiedades del ayuntamiento.

Incluye, asimismo, el Proyecto del Senado 1371, que crea un programa voluntario que busca reconocer e incentivar a los veterinarios licenciados que colaboren en la esterilización de animales realengos, abandonados, rescatados o bajo custodia de municipios, albergues y organizaciones.

El paquete se completa con el Proyecto del Senado 1372, que autoriza a la Administración de Servicios Generales a conceder prioridad a organizaciones sin fines de lucro de bienestar animal en los procesos de disposición de propiedad pública excedente. Esto incluiría vehículos, jaulas, generadores, neveras, computadoras, mobiliario, herramientas y otros equipos que podrían reutilizarse para apoyar labores de rescate.

“Este paquete representa una política pública sensible, pero también responsable. Estamos utilizando incentivos medibles, alianzas comunitarias y recursos existentes para responder a una crisis que tiene consecuencias humanas, sanitarias y sociales. Proteger a los animales no es un lujo ni un asunto secundario; habla de nuestros valores y de la clase de sociedad que aspiramos a ser”, manifestó Soto Aguilú.

Como las medidas fueron radicadas al cierre de la sesión ordinaria, su evaluación quedó pendiente para agosto.