Ante las dudas de ciudadanos sobre la agilidad con la que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) atiende querellas relacionadas con la Ley de Condominios, el procurador del Ciudadano (Ombudsman), Edwin García Feliciano, y la comisionada de Seguros, Suzette Del Valle Lecároz, recomendaron que no sea esa agencia, sino los tribunales, los que manejen las controversias que surjan al amparo del estatuto.

Durante una vista pública de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado, ambos deponentes coincidieron en que los tribunales son el foro donde se deben atender las controversias entre vecinos de condominios relacionadas con la sana convivencia, ya que entienden que, a diferencia del DACO, cuentan con el peritaje para resolver esos casos.

La Resolución del Senado 238, bajo discusión, ordena a la comisión legislativa investigar la implementación de la Ley de Condominios y considerar si el DACO debe ser la agencia encargada de administrar ese estatuto.

Actualmente, el DACO cuenta con una División Especial de Adjudicación de Querellas de Condominios, encargada de solucionar controversias bajo la Ley de Condominios (Ley 129-2020) que involucren la administración, los consejos de titulares o que alteren la sana convivencia.

“Yo creo que los tribunales son una buena herramienta para atender este tipo de controversias, porque estamos hablando de propietarios con controversias, así que en ese sentido, no veo ninguna situación que pudiese afectar el que se le retire esa jurisdicción a DACO y se les otorgue a los tribunales”, sostuvo García Feliciano durante la audiencia pública.

“Mi consejo es delimitar, evaluando dónde está el volumen de casos, de controversias, si entonces ese volumen de situaciones debe permanecer en la agencia o pasar al tribunal con el fin de que fluyan”, expresó, por su parte, Del Valle Lecároz.

Según el senador José “Josian” Santiago Rivera, durante una vista pública anterior, el DACO admitió tener una cantidad significativa de querellas pendientes hace más de un año, lo que, según el legislador popular, demuestra su inhabilidad para atender dichas disputas en beneficio de los ciudadanos, que, dijo, deben invertir demasiado tiempo y dinero en el proceso, además de que se exponen a incidentes violentos que pudieran tener consecuencias fatales.

“La realidad es que el país está viviendo momentos difíciles en términos de esa convivencia comunitaria, y hemos visto casos de desgracia terrible en los pasados días entre vecinos”, dijo Santiago Rivera.

El procurador del Ciudadano sugirió, además, que los centros de mediación de conflictos del Poder Judicial deben orientar a la ciudadanía sobre sus servicios y los mecanismos complementarios para la solución de controversias, pues entiende que existe desconocimiento general acerca de esa vía de conciliación.

La Oficina de Administración de Tribunales fue consultada sobre la medida, pero se abstuvo de comentar y “emitir juicios o recomendaciones sobre asuntos de política pública gubernamental cuya formulación y adopción recaen en otras ramas del gobierno”.