El Departamento de Justicia consignó este martes que, de convertirse en ley el proyecto de reforma judicial que restringe las facultades administrativas de la figura del juez presidente del Tribunal Supremo, defendería su constitucionalidad en caso de que su validez se cuestionara ante las cortes, como han advertido múltiples juristas desde su presentación por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

En su comparecencia ante la Comisión de lo Jurídico del Senado, representantes de Justicia propusieron enmiendas mínimas al lenguaje del Proyecto del Senado (PS) 1096, pero subrayaron que, desde su perspectiva, la Asamblea Legislativa cuenta con la autoridad para modificar ampliamente la forma en que se manejan los asuntos administrativos del poder judicial.

“Estas disposiciones pueden interpretarse en armonía con el esquema constitucional vigente, en la medida en que se preserve la interacción funcional entre la facultad reglamentaria del Tribunal Supremo y la función de la jueza presidenta de dirigir la administración funcional”, sostuvo la secretaria auxiliar de Asesoramiento, Ketsy García, en representación de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez.

A la conclusión de la ponencia, el presidente de la Comisión, Ángel Toledo López, inquirió únicamente si Justicia estaría en posición de sostener ante los tribunales la constitucionalidad de las disposiciones del PS 1096.

“Como cuestión general, en el Departamento de Justicia, es parte de nuestro deber ministerial defender la constitucionalidad de la ley, que entra en vigor porque ya hubo dos ramas que pasaron juicio (sobre la medida). Entendemos que sí, estaríamos defendiendo su constitucionalidad”, replicó García.

“El Departamento de Justicia no va a defender la constitucionalidad de un documento que parezca inconstitucional de su faz”, señaló, entonces, Toledo López, único senador que estuvo presente en la segunda vista pública citada por la comisión para evaluar el PS 1096.

En un aparte con El Nuevo Día, Toledo López adelantó que, próximamente, citará a vista a los decanos de las escuelas de Derecho en el país y que vislumbra completar el informe de la medida para junio, a final de la sesión ordinaria.

La postura que Justicia esbozó choca con la que, hace dos semanas, expuso la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), que señaló la supuesta inconstitucionalidad de la transferencia de facultades administrativas al pleno del Tribunal Supremo que, desde 1952, han descansado en el juez presidente. La jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, igualmente, se ha expresado en contra de los cambios propuestos, apuntando, además, a los obstáculos burocráticos que generaría en la toma diaria de decisiones.

En la audiencia de este martes, tanto el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Ramos González como un grupo de exjueces, encabezado por Carlos Vizcarrondo y Troadio González Vargas, se hicieron eco de los argumentos en oposición a la pieza legislativa.

“Es indispensable descartar motivaciones político partidistas, pues estas erosionan los valores que sostienen la doctrina de separación de poderes y la independencia judicial”, planteó Ramos González, quien concedió, en un intercambio con Toledo López, que la mayoría actual del máximo foro judicial probablemente se inclinaría a validar la constitucionalidad de las disposiciones del PS 1096, a la luz de determinaciones reglamentarias del pleno a partir de 2012.

En el cuatrienio de 2009 a 2012, durante el gobierno de Luis Fortuño, se aumentó de siete a nueve el número de curules en el Tribunal Supremo y se designaron seis jueces asociados, que por primera vez en la historia brindó una mayoría a magistrados nombrados por el Partido Nuevo Progresista.

Vizcarrondo, quien además fue presidente de la Cámara de Representantes de 2001 a 2004, levantó bandera sobre la agilidad en los procedimientos administrativos, que incluyen funciones que van desde compras y reclutamiento de personal para la OAT hasta las asignaciones de jueces administradores de las regiones judiciales y el Tribunal de Apelaciones.

“Imagínese que yo hubiera tenido que compartir facultades administrativas con el resto de los representantes”, acotó el exjuez de Apelaciones.