Representantes de diversas organizaciones realizaron una manifestación frente al Capitolio en rechazo a un proyecto sustitutivo que da paso a la llamada reforma de permisos, que podría evaluarse hoy durante la sesión del Senado.

Los manifestantes advirtieron sobre los posibles riesgos para los recursos naturales que, a su juicio, representan las disposiciones incluidas en el proyecto de ley.

Además, denunciaron que la medida sustitutiva, que consta de cientos de páginas, se presentó con muy poco tiempo para evaluarla antes de que se sometiera a votación, a diferencia de propuestas anteriores que sí fueron objeto de vistas públicas.

“Estos proyectos son negativos porque estamos hablando de cambios en la permisología de Puerto Rico. No es solamente un tema de papeleo, es cómo se construye, dónde se construye y para qué, y esto puede afectarnos a todos y todas en Puerto Rico”, expresó la directora de Sierra Club en Puerto Rico, Hernaliz Vázquez Torres.

La también planificadora indicó que, durante la pasada sesión legislativa, acudieron en múltiples ocasiones a las oficinas para solicitar reuniones, pero no lograron concretarlas.

“Hemos escuchado como promesa del gobierno en turno que le debían una reforma de permisos a los constructores y grandes intereses. Se ha vendido en diferentes campañas como reforma para pequeños comerciantes y, cuando planificadores, expertos y abogados lo evaluamos, vemos cómo se le quitan funciones a las agencias como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Junta de Planificación, y se concentran bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), que es el responsable de velar por los permisos. Estamos escuchando aquí que el cabro va a velar las lechugas”, expresó.

Según Vázquez Torres, el DDEC no cuenta con la experiencia ni con el personal necesario para manejar asuntos relacionados con “dónde se construye, cómo se construye y los pleitos que podría tener la comunidad”.

Insistió en que las organizaciones buscan proteger los recursos naturales y garantizar que la medida permita construir en las comunidades sin excluir la participación ciudadana.

Por su parte, Vanessa Uriarte, de la organización Amigos del Mar, calificó la medida como “un atentado contra nuestras costas”.

“El proyecto propone una nueva definición de zona marítimo terrestre que reduce las protecciones al área de dominio público a través de toda la Isla. (...) De nuestra parte, decimos que no a esta reforma, que es un atentado a la integridad de nuestras costas y una puerta abierta a la privatización y desfachatez de regalar nuestro país y nuestra naturaleza a los intereses privados”, sostuvo.

Al concluir la manifestación, representantes de varios grupos acudieron a la oficina del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para solicitar una reunión con algún funcionario con poder de decisión en la comisión que evalúa la reforma de permisos.

A los manifestantes les ofrecieron reunirse con un abogado en otro edificio del Capitolio. Sin embargo, rechazaron la propuesta porque, según indicaron, el funcionario no tenía autorización para tomar decisiones y aceptar la reunión implicaría alejarse del lugar donde reclamaban ser atendidos.

Los manifestantes optaron por permanecer en el vestíbulo de la oficina, mientras un policía estatal llegó para restringir la entrada al despacho.