El Senado aprobó una medida para crear la Ley del Registro de Personas Sordas en Puerto Rico, una iniciativa con la que se busca atender las necesidades de esta población.

El Proyecto del Senado 792, presentado por la senadora del Distrito Mayagüez–Aguadilla, Karen Román, pasa ahora a la Cámara de Representantes y, de aprobarse sin enmiendas, sería enviado a La Fortaleza para la firma de la gobernadora Jenniffer González.

La legislación establece que, por primera vez, un registro oficial y confiable permitirá recopilar información estadística sobre la población sorda en Puerto Rico, para mejorar la planificación gubernamental, la toma de decisiones y los servicios.

“Esta medida responde a una necesidad real. Sin información precisa no se puede desarrollar política pública efectiva. Hoy (jueves) el Senado actúa con responsabilidad para garantizar que la comunidad sorda sea atendida con datos, planificación y acciones concretas”, expresó Román, tras la aprobación.

El registro será administrado por el Departamento de Salud, en coordinación con la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) y la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda (OECS), utilizando recursos humanos, tecnológicos y administrativos existentes, sin crear nuevas plazas ni generar una carga fiscal adicional para el gobierno.

Según la senadora, la legislación tiene como objetivos principales recopilar estadísticas confiables y facilitar la planificación y el diseño de programas y servicios gubernamentales dirigidos a esta comunidad.

Además, busca identificar necesidades relacionadas con intérpretes de lenguaje de señas y sistemas de comunicación accesible, fortalecer la respuesta del gobierno ante emergencias y desastres naturales, y garantizar el cumplimiento de las leyes.

La medida también incluye disposiciones de confidencialidad para asegurar que la información del registro esté protegida y se utilice exclusivamente para los fines autorizados por ley.

“La política pública debe construirse desde la realidad de la gente. Este registro permitirá al Gobierno actuar con mayor precisión, responsabilidad y sensibilidad social”, puntualizó Román.