Los representantes populares Ramón Torres Cruz y Swanny Enit Vargas Laureano entregaron este jueves al Departamento de Justicia una declaración jurada del “whistleblower” o delator del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) relatando las presuntas irregularidades relacionadas con el centro de inspección y venta de marbetes a nombre de Ciary Pérez Peña, secretaria de la Vivienda.

Los legisladores acompañaron la declaración jurada –que no fue bajo anonimato– con un referido, pidiéndole la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, que designe un fiscal para investigar los señalamientos contra Pérez Peña, en torno a la supuesta expedición de más de 1,200 marbetes falsos y multas reducidas ilegalmente en el Yabucoa Auto Service LLC, ubicado en el barrio Juan Martín de ese municipio.

“Le pedimos a la secretaria de Justicia que comience y designe un fiscal para investigar lo que se ha alegado públicamente, en donde no solamente se habla de la secretaria de la Vivienda, se habla también de otros centros de inspección que alegadamente hacían lo mismo, que no tienen nada que ver con la secretaria”, señaló Torres Cruz, desde la entrada de la sede de Justicia.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por reacciones de Pérez Peña y Gómez.

El miércoles, la gobernadora Jenniffer González requirió al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) una evaluación de las “alegaciones” hacia Pérez Peña.

“No es el secretario del DTOP el que tiene que investigar. El DTOP es parte en todo esto, el DTOP maneja los centros de inspección, los regula, impuso una multa, la rebajó y la cobró”, ripostó Torres Cruz.

La alegada expedición de más de 1,200 marbetes de manera fraudulenta y el supuesto ajuste en las multas se reveló inicialmente en el programa “Los Datos son los Datos”, de WAPA TV.

La investigación televisiva, de igual forma, reveló que un inspector del DTOP radicó “una declaración jurada en la que presuntamente expresó que, después de hacer su informe, recibió ataques, presiones y amenazas”.

Vargas Laureano detalló, en tanto, que entregaron una petición formal a Justicia para que inicie una investigación, ya que ayer, miércoles, lo solicitaron mediante comunicado, pero Gómez “no tomó acción”.

En la declaración jurada, el empleado del DTOP “narra todos los eventos que han ocurrido desde ya hace algunos años”. “Si hay, en efecto, hechos de culpabilidad, queremos saberlo y que pague quien tenga que pagar”, afirmó la representante.

Paralelamente, ambos legisladores radicarán una resolución, en la Cámara de Representantes, para también investigar y arrojar luz sobre la controversia.

Entre los señalamientos, Torres Cruz alertó sobre que el supuesto acuerdo de rebajar multas se realizó con el DTOP. “Inicialmente, se había dicho que era con el Departamento de Hacienda, pero la información que manejamos es que el propio acuerdo se hizo con el DTOP, que no tiene la facultad en ley para imponer multas ni para cobrar multas”, abundó.

Apuntó, también, que la rebaja se otorgó, supuestamente, “justo después de las primarias” de 2020, cuando Pérez Peña era comisionada electoral alterna del Partido Nuevo Progresista.

La Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22 de 2000) establece, en su Artículo 12.07 (c), una multa de $500 a cualquier persona que certifique haber inspeccionado un vehículo a sabiendas de que las condiciones mecánicas y los sistemas de control de emisiones de contaminantes no son adecuados.

“Solamente un juez, con jurisdicción y con un caso radicado, es quien puede poner una multa de esa cantidad. Aquí, no hay un juez involucrado, así que si esa multa se impuso (por el DTOP), a mi juicio, es ilegal”, dijo Torres Cruz.

Opinó, de paso, que la secretaria de Vivienda debería poner su puesto “a disposición”.

“Aquí, hay que investigar a todo el mundo; aquí, hay que investigar al DTOP, a la secretaria de la Vivienda, a los centros de inspección, a Hacienda, que es parte que debe ser investigada aquí, porque es el ente que cobra de alguna manera el dinero en el país”, declaró.