La Cámara de Representantes aprobó este lunes a viva voz una versión enmendada del Proyecto de la Cámara (PC) 1115, que elimina la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo y devuelve a la Asamblea Legislativa la facultad de fijar los ajustes salariales futuros.

En su lugar, la medida crea una junta asesora temporal por el término de un año para evaluar y recomendar ajustes salariales exclusivamente para los trabajadores agrícolas, empleados exentos y aquellos que reciben propinas que no se beneficiaron del aumento al salario mínimo aprobado por la Legislatura en 2021.

Estos empleados exentos incluyen a trabajadores administrativos, ejecutivos y profesionales, según los define la Ley Federal de Normas Razonables de Trabajo (Fair Labor Standards Act).

“Este proyecto no toca, no congela, no baja el salario mínimo en Puerto Rico, como ha tratado de presentar la oposición... Solamente elimina una junta que ha sido ineficiente y no ha cumplido con ninguno de sus deberes”, argumentó el autor del PC 1115, el representante novoprogresista Roberto López Román.

El legislador destacó que la medida, que ahora pasaría al Senado, dispone, en su Sección 4, que el salario mínimo estatal -según determinado en lo sucesivo por la Asamblea Legislativa- prevalecerá, siempre y cuando sea mayor que el salario mínimo federal.

El PC 1115 fue aprobado con 32 votos de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), con excepción del portavoz José “Pichy” Torres Zamora y de los representantes Wanda Del Valle y Pedro “Pelle” Santiago.

La Ley de Salario Mínimo (Ley 47-2021) colocó en manos de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la responsabilidad de determinar los ajustes salariales. Previo a la aprobación de ese estatuto -cuando el asunto estaba bajo jurisdicción de la Legislatura-, hacía 13 años que no se aprobaba un alza al salario mínimo.

Al defender su propuesta, López Román cuestionó no solo la operación de la Comisión Evaluadora, sino que alegó que nunca fue representativa de todos los sectores con interés en el tema.

El primer aumento dispuesto por la Ley 47-2021, a $8.50 la hora, cobró efecto el 1 de enero de 2022. Para el 1 de julio de 2023, aumentó a $9.50 la hora, y el 1 de julio de 2024, incrementó a $10.50 la hora. Este último aumento estuvo sujeto al visto bueno de la Comisión Evaluadora.

“Esta junta de salario mínimo ha funcionado en función de los miembros que han trabajado allí, a pesar del diseño del propio gobierno y de otros sectores de obstaculizarla y de impedir su funcionamiento“, consignó el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez.

“El salario mínimo es salario para sobrevivir, no para vivir. Cualquier transformación al salario mínimo tiene que ser analizado y pensado”, agregó Márquez.

Al cumplir el año de vigencia, la junta asesora propuesta deberá rendir un informe detallado que evalúe el impacto y las consecuencias de las alzas salariales en los pequeños y medianos negocios, así como sus efectos directos e indirectos en la economía de Puerto Rico. Dicho documento servirá, según la legislación, para confirmar, mediante la información obtenida, el análisis del proceso de aumentos sobre las categorías laborales bajo su jurisdicción.

Asimismo, el organismo transitorio tendrá la obligación de establecer un sistema de transparencia e información pública que sirva como guía a los futuros procesos de revisiones salariales en los sectores mencionados.

“Estamos dando instrucción directa a esa junta asesora para que (se) pongan a trabajar y revisen el salario de las personas que trabajan en Puerto Rico por propinas, y tienen un año para hacerlo y no vida perpetua. Por eso es que yo creo en el proyecto”, afirmó el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, coautor de la medida.

El grupo asesor estará compuesto por los secretarios del Departamento de Agricultura, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el DTRH, junto a los presidentes de la Cámara de Representantes, el Senado y la Junta de Planificación. El organismo contará, además, con representación de los sectores económico y del derecho laboral, así como del sector privado y los trabajadores.

“Esto es una chapucería legislativa”, afirmó el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago. “El (voto a) favor jamás se lo voy a dar para quitarles derechos los trabajadores puertorriqueños”, puntualizó el representante, al defender el trabajo realizado por el organismo.

“Hoy no se está discutiendo solamente un proyecto de ley. Hoy se está discutiendo si en Puerto Rico el salario mínimo se debe fijar con datos, evidencia, con justicia o si vamos a devolverlo a las manos de los políticos”, agregó, al insistir en el modelo actual. “El que se va ver afectado... es el trabajador puertorriqueño”, subrayó.