Los exrepresentantes José “Cheíto” Rivera Madera y Joel Sánchez Ayala advirtieron este miércoles que acudirán a los tribunales si el Departamento de Hacienda no responde a una solicitud de información relacionada con las operaciones de Yabucoa Auto Service, el centro de inspección que estuvo hasta diciembre a nombre de la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña, quien dejó el cargo el lunes en medio de señalamientos por la supuesta venta irregular de marbetes en el establecimiento.

“El secretario de Hacienda (Ángel Pantoja) no puede lavarse las manos ni delegar su deber de fiscalización. Su silencio ante el incumplimiento de este centro de inspección en Yabucoa levanta serias interrogantes que el país merece conocer. ¿Por qué se ocultan los procesos de pago, acuerdos y las posibles irregularidades?”, cuestionó Rivera Madera.

Los exlegisladores presentaron una solicitud –como ciudadanos– bajo las disposiciones de la Ley de Transparencia (Ley 141-2019), en la que le requirieron a Pantoja información sobre los pagos emitidos por Yabucoa Auto Service a Hacienda, así como datos del plan de pago al que supuestamente el establecimiento se acogió tras identificarse las irregularidades.

El centro de inspección presuntamente emitió más de 1,900 marbetes fraudulentos. Como resultado, se le impuso una multa de $987,500, la cual se habría transado por $5,000.

El requerimiento, sometido el 25 de febrero, incluye también la certificación de recibo de pago de multas y copias de los documentos y correos electrónicos relacionados con el local. “El secretario (Pantoja) parece estar desligado de su responsabilidad ministerial en la supervisión y negociación de multas con estos centros, dejando en el aire una explicación necesaria para el país”, añadió Rivera Madera.

Los exrepresentantes –del Partido Popular Democrático– cursaron una segunda misiva, el 17 marzo, en la que le dan seguimiento a su solicitud y advierten a Hacienda que, de no entregarse los documentos en el término dispuesto en ley, procederán “sin ulterior aviso” a presentar el recurso judicial correspondiente ante el Tribunal de Primera Instancia.

El Artículo 7 de la Ley de Transparencia, enmendado en diciembre por la Ley 156-2025, dispone que las agencias tienen un máximo de 20 días laborales para la entrega de información pública, siempre y cuando los documentos solicitados no excedan las 300 páginas o “que su antigüedad sea menor a tres años contados a partir de la fecha en que fue producido originalmente”.

Respecto a información que sobrepase las 300 páginas o los tres años de antigüedad, el término máximo se eleva a 30 días laborales. Las agencias, no obstante, pueden solicitar una extensión de 20 días para cumplir con la petición.

“Si el secretario (Pantoja) piensa que con ignorar la ley el problema va a desaparecer, se equivoca... No aceptaremos más excusas ni que se siga desligando de las irregularidades en las negociaciones de multas. Si no hay respuesta clara, nos veremos en el Tribunal de Primera Instancia bajo el procedimiento expedito que la ley provee”, anotó Sánchez Ayala.

La Ley 156-2025 dispone, asimismo, que toda denegatoria tiene que especificar por escrito los fundamentos jurídicos en los que se basa la decisión, y prohíbe la divulgación de información clasificada como confidencial en alguna ley, reglamento o determinación judicial.

“No es una sugerencia, es un mandato constitucional que Hacienda está violando deliberadamente”, sentenció Rivera Madera. “De persistir el incumplimiento, la acción judicial será inmediata para garantizar el derecho de los ciudadanos a la rendición de cuentas”, subrayó.

El Nuevo Día solicitó una reacción a Hacienda, pero no se recibió al momento de publicación.