Desde 2010, el Departamento de la Familia ha recibido 4,032 referidos por posible explotación financiera contra adultos mayores, de los cuales 911 corresponden al año fiscal que culminó el pasado 30 de junio, informó este martes la secretaria Suzanne Roig Fuertes.

Del total de denuncias, 1,713 han sido investigadas por Familia, y en el 53% se determinó fundamento, agregó.

“Podemos notar un incremento sostenido en la cantidad de referidos que se tienen”, dijo Roig Fuertes, al atribuir el alza al esfuerzo conjunto de entidades públicas y privadas por identificar este tipo de maltrato.

“Vemos esto con muy buenos ojos, porque necesitamos que haya referidos”, abundó, en referencia a las estadísticas, durante una vista pública de la Comisión de Familia, Mujer y Adultos Mayores del Senado, presidida por Wanda Soto, que investiga el asunto.

Entre las modalidades de explotación financiera, están la transferencia de fondos no autorizados a través de transacciones electrónicas, el cierre de cuentas a nombre del adulto mayor sin su autorización, la utilización del dinero para abrir una nueva cuenta a nombre de otra persona, transacciones no autorizadas en las tarjetas de crédito o débito, retiros en cajeros automáticos a espaldas del tenedor de la cuenta y la utilización de la firma en documentos como solicitudes de préstamos.

“Además de los fraudes perpetrados por organizaciones criminales y estafadores, un aspecto particular y preocupante es que, en algunos casos, los propios perpetradores de esos fraudes son miembros de su familia”, alertó la titular.

De hecho, entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Oppea) recibió 2,103 querellas por explotación financiera en las que el perpetrador, supuestamente, era el hijo o hija del adulto mayor.

Roig Fuertes reconoció que las instituciones financieras han tomado medidas para adiestrar a su personal en la detección de irregularidades y la identificación de transacciones inusuales, pero –sostuvo– algunas regulaciones vigentes presentan vacíos que limitan la capacidad del sector para intervenir con mayor efectividad.

Entre las áreas que requieren revisión y fortalecimiento, según Roig Fuertes, están la confidencialidad de los referidos, la posibilidad de que las instituciones detengan las transacciones sospechosas por un período más prolongado, y la integración de tecnología avanzada para detectar patrones de fraude.

“Nosotros nos responsabilizamos por la seguridad y la protección del adulto mayor. Colaboramos con la Policía y con el Departamento de Justicia, pero no entramos en las fases criminales o civiles a nivel legal”, apuntó Roig Fuertes, al indicar que Familia tiene cerca de 400 técnicos y trabajadores sociales para atender las denuncias de maltrato contra los adultos mayores.

Según datos del Registro Criminal Integrado, entre 2022 y septiembre de 2025, Justicia ha sometido 60 cargos por explotación financiera, 48 en la modalidad grave y 12 en la modalidad de menos grave.

“Justicia atiende los casos de explotación financiera de adultos mayores mediante un marco legal robusto que tipifica estas conductas en el Código Penal... además, garantiza protección bajo la Carta de Derechos, y establece mecanismos interagenciales de prevención e investigación”, expuso, en la audiencia, la licenciada Widaly Figueroa, en representación de la agencia.

El Código Penal, en su Artículo 127C, define explotación financiera como el uso indebido de los fondos, bienes o recursos de un adulto, especialmente personas de edad avanzada o con impedimentos. Las penas varían según la cantidad de los bienes; hasta $2,500 es un delito menos grave, y cantidades superiores son calificadas como delito grave.

“Tal y como está diseñada esta disposición, no protege adecuadamente a nuestra población de adultos mayores. El Artículo 127 C, tal y como está redactado, coloca una carga en los fiscales para poder probar el delito de explotación financiera”, expuso Figueroa, al solicitar enmiendas.

Al ser un delito menos grave, agregó, el término prescriptivo para la presentación de una denuncia es de un año. A esto, se suma que el Artículo 127C no contempla penas.

Entre las enmiendas propuestas por Justicia, está la imposición de una pena fija de seis años de reclusión en aquellas instancias donde la cantidad apropiada sea mayor de $500 y menor de $10,000. En casos en los que la suma sobrepase los $10,000, la pena incrementaría a ocho años de cárcel.

Figueroa explicó que la División de Delitos Económicos atiende los casos de explotación financiera que sobrepasan los $50,000. Mientras, las denuncias de más de $200,000 recaen en el Negociado Federal de Investigaciones. Cuando el alegado maltrato ocurre en un hogar de cuidado prolongado, el caso pasa a la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU, en inglés).

Entre 2019 y 2025, la MFCU ha recibido 21 referidos de la Oppea. De estos, 13 corresponden a explotación financiera hacia adultos mayores en hogares de cuidado prolongado.