El exsecretario Francisco Domenech mintió cuando compareció ante el Senado en Comisión Total según los testimonios y hallazgos recopilados en un informe parcial sobre la investigación que realiza ese cuerpo legislativo respecto a la presunta intervención del exfuncionario en una pesquisa interna del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y en gestiones relacionadas con la firma de cabildeo Politank.

El informe de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, que encabeza el presidente senatorial, Thomas Rivera Shatz, fue acogido este jueves por el pleno del Senado, justo el día en que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) anunció la ampliación de la investigación criminal que realiza por los mismos hechos para incluir al subsecretario del DDEC, Roberto Lefranc Fortuño.

“Hay, sin lugar a dudas, testimonios que demuestran que, de ser correcto, Francisco Domenech mintió ante la Asamblea Legislativa, si se demuestra que esos testimonios son veraces, que cometió delitos, que violó las éticas”, afirmó el líder senatorial, en un aparte con la prensa, previo a la sesión ordinaria.

“Pero no nos corresponde a nosotros adjudicar eso. Le corresponde a la Oficina de Ética, al FEI (Fiscal Especial Independiente), al Departamento de Justicia y al FBI (Negociado Federal de Investigaciones), si en efecto está investigándolo, como se alega que lo hace. De eso es que se trata, recopilar la información, organizarla, presentarla al pleno para que el pueblo de Puerto Rico la conozca y, entonces, que las autoridades competentes sean las que adjudiquen”, agregó sobre el documento de 64 páginas.

No fue posible obtener comentarios de Domenech.

El informe parcial del Senado recoge, además del testimonio vertido por Domenech durante la Comisión Total del Senado, el 24 de marzo, una declaración jurada del exsecretario del DDEC Sebastián Negrón Reichard y otra de Ernesto J. Zayas García, exdirector de la Oficina de Incentivos para Negocios (OIN) de esa agencia.

El contenido del reporte había sido remitido, mediante referidos, a los entes investigativos, y Rivera Schatz reveló que algunos de esos organismos hicieron solicitudes de información adicionales al cuerpo legislartivo.

“Por ejemplo, nos pidieron la transcripción de la vista completa, entre muchas otras cosas”, sostuvo.

Explicó que, como parte de la pesquisa que lideró, no fue necesario citar para interrogatorio a Negrón Reichard porque presentó una declaración jurada.

Sin embargo, dejó la puerta abierta para que Manuel Torres, presidente de la firma de cabildeo Politank y una figura cercana al líder del Senado, deba comparecer ante ese cuerpo legislativo.

“Como esto es un informe preliminar, pues no descartamos que en el futuro pudiéramos traer otras personas”, afirmó.

Politank le perteneció a Domenech hasta diciembre de 2025, según testificó el exjefe de Gabinete en la Comisión Total, cuando también aseguró que, desde esa fecha, no tuvo más contacto con asuntos de la firma de cabildeo.

“Luego de haber realizado un análisis minucioso de las declaraciones, documentos e información recibida por esta comisión, indudablemente, hay discrepancia entre el testimonio presentado por el licenciado Francisco Domenech en la Comisión Total celebrada el 24 de marzo de 2026 y los testimonios presentados por los licenciados Sebastián Negrón Reichard y Ernesto Zayas García a esta comisión. La evidencia evaluada refleja claras discrepancias que deben ser aclaradas, ya que reflejan serios actos antiéticos e ilegales que podrían constituir delito bajo las leyes estatales y federales aplicables”, concluye el informe.

Pero recalca, en varias instancias, que le corresponde a “entidades con jurisdicción investigativa y fiscalizadora” evaluar la situación y determinar si, en efecto, se violó la ley.

Un informe administrativo de Negrón Reichard fue lo que dio pie a la pesquisa senatorial. El funcionario renunció en mayo, días después de denunciar que Domenech y la exsecretaria de la Gobernación Itza García supuestamente intervinieron en trabajo interno del DDEC para la concesión y manejo de decretos y exenciones contributivas.

Negrón Reichard acusó al ex secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) Norberto Almodóvar Vélez y la exjefa de personal Charlene Neuman Rivera de presuntas irregularidades en un proceso competitivo de un contrato de publicidad financiado con fondos federales. Domenech, García, Almodóvar Vélez y Neuman Rivera también son investigados por la Opfei.

La ampliación de la pesquisa para incluir a Lefranc Fortuño surgió tras una solicitud de las fiscales especiales Fabiola Acarón Porrata-Doria, Ileana Agudo Calderón y Arcelio A. Maldonado Avilés II, indicó la Opfei.

La declaración jurada de Negrón Reichard indica que, después de haber ordenado el despido y suspensión de Almodóvar Vélez y Neuman Rivera, Lefranc Fortuño revirtió las directrices.

De acuerdo con el informe preliminar del Senado, Zayas García testificó que la firma de cabildeo Politank hizo gestiones para acelerar un decreto de créditos contributivos por $120 millones de dólares para Opus Miramar.

Destaca que, en sus testimonios, ambos exfuncionarios del DDEC declararon que Domenech acudió a la agencia, el 18 de mayo de 2026, para exigir urgencia con la aprobación del decreto, aunque le había dicho al Senado que se había desvinculado de la firma de cabildeo desde que la vendió.

Además, el informe parcial hace constar que la declaración jurada de Negrón Reichard contrasta con el testimonio de Domenech.

“El licenciado Negrón Reichard alegó, además, que la versión de la conversación de Telegram presentada por el secretario de la Gobernación como anejo de su declaración jurada omitió mensaies que sí aparecían en una descarga completa realizada por él el 11 de junio de 2026″, indica el informe.

En síntesis, el informe de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado destaca siete aspectos “que requieren discusión y atención”: el proceso competitivo con el que supuestamente interfirieron Almodóvar Vélez y Neuman Rivera; la intervención en solicitudes de decretos contributivos y el proyecto Opus Miramar; la relación con Politank y un posible conflicto derivado de intereses económicos; la auditoría del decreto contributivo de la firma de cabildeo; inhibiciones y posibles conflictos de interés; posibles represalias, amenazas o actos de intimidación; posibles incongruencias en declaraciones y la necesidad de corroboración documental.

“Esta Comisión permanecerá vigilaante al desarrollo y resultado de las investigaciones en curso sin apasionamiento”, puntualiza el documento.