Pese a que solo el 58% de las facturas pendientes ante el gobierno han sido pagadas, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, se mostró complacido este lunes con el desempeño del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, en inglés), denominado Íntegra PR, que ha sido ampliamente criticado en su estreno por los atrasos en los desembolsos.

“Son procesos de preintervención que están pendientes por parte de la agencia y que se deben de completar para poder emitir la factura. De un total de 13,575 facturas registradas en el sistema, se han pagado 7,900 al día de hoy. Todas facturas registradas por parte de las agencias del año fiscal 2026 hasta el presente”, dijo Rivera Berríos a preguntas de El Nuevo Día, durante una rueda de prensa liderada por la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos Andújar, en La Fortaleza.

Reconoció que puede haber facturas con atrasos de más de 60 días, pero argumentó que “eso no es problema del sistema”, sino que la agencia no pagó “con anterioridad”.

Dos fuentes de este medio dijeron que, al cabo de poco más de un mes de implementado el ERP, continúan los mismos problemas: incongruencias con las cuentas de las que salen los pagos y con los campos en los que deben estar ubicadas las cuentas con ingresos, problemas para subir las facturas y para migrar información, facturas de suplidores en agencias a las que no les corresponde, ausencia de visibilidad sobre el dinero, facturas pagadas sin que el sistema haga automáticamente la retención correspondiente y facturas que emigran a la bandeja de finanzas sin que los oficiales especialistas de pago o preinterventores la aten con la obligación y la fiscalicen.

Este medio reseñó hace unas semanas que, por el atraso y los problemas generados por la plataforma, el gobierno optó por extender hasta octubre el período para pagar facturas o servicios del pasado año fiscal, cuya fecha límite original era el 29 de agosto.

Rivera Berríos no rechazó la información, pero atribuyó la situación a que hubo un “período de ‘blackout’ (apagón)”, que fue del 26 de junio al 7 de julio.

“Sí, estamos solicitando ante la Junta de Supervisión Fiscal el extender unos días para poder... Pero no es porque el sistema falló. Es normal en cuanto a la implementación donde hubo un ‘blackout’ de varias semanas para poder apagar un sistema y prender el otro”, argumentó.

Burgos Andújar, en tanto, precisó que, en el Departamento de Salud, han pagado $367.3 millones por 2,779 órdenes y en la Administración de Familias y Niños se pagaron 64 órdenes por $22.6 millones. No especificó cuántas órdenes tienen pendientes de pagos ambas agencias.

La secretaria de la Gobernación convocó la conferencia de prensa poco después que la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado denunciara un “colapso” en los pagos a suplidores del gobierno a causa de Íntegra PR.

El portavoz popular en el Senado, Luis Javier Hernández, catalogó como un “fiasco” el sistema promovido por la administración de Jenniffer González, el cual, insistió, ha creado un embudo financiero que mantiene sin cobrar a transportistas escolares, hogares de adultos mayores y personal de salud.

“Son múltiples los mensajes y las llamadas que recibimos en nuestras oficinas, en nuestros celulares y a través de las redes sociales de empleados y suplidores del gobierno informando que el sistema, sencillamente, no funciona”, sentenció Hernández.

El 8 de julio, la gobernadora, acompañada del exsecretario de la Gobernación Francisco Domenech y la exsubsecretaria Itza García, presentó la nueva plataforma y aseguró que estaba en funciones sin contratiempos.

El nuevo proyecto está bajo la dirección de la OGP, confirmó Burgos Andújar, pero su desarrollo estuvo en manos de García, y Domenech se encargó de establecer “métricas” que lo hicieron viable.

La portavoz alterna del PPD Marially González Huertas, por su parte, sostuvo que el gobierno mantiene deudas de hasta tres meses con establecimientos representados por la Federación de Centros de Cuidado Prolongado y con empleados de programas del Departamento de Salud en Ponce que atienden a pacientes con VIH.

“Otros que siguen sin cobrar son los empleados subcontratados para dar servicios a programas adscritos al Departamento de Salud en Ponce... La mayoría de estos empleados son mujeres, madres solteras que tienen en sus hombros la carga completa del hogar. Lo que es más importante aún es que estos empleados brindan servicios a pacientes con VIH. Este mismo patrón se repite en otras regiones”, añadió González Huertas.