La propuesta cameral de prohibir la transmisión de las vistas judiciales preliminares representa un nuevo intento de la Asamblea Legislativa contra la transparencia, en línea con la reciente aprobación de otros estatutos que han restringido el acceso a información pública, alertó este martes la presidenta del Overseas Press Club de Puerto Rico, Wilma Maldonado.

“Nos llama particularmente la atención que esta Asamblea Legislativa pretenda adjudicarse a ser un protector de los derechos, cuando continuamente ha actuado en contra de ellos al aprobar leyes que minan la transparencia”, dijo Maldonado, ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.

El año pasado, la gobernadora Jenniffer González promulgó la Ley 156-2025, que enmendó la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, para establecer nuevas exigencias a estos trámites; y la Ley 114-2025, que le otorga un grado de confidencialidad a los datos recopilados por el Registro Demográfico.

“La grabación de audio e imágenes, y su reproducción y difusión por los medios de comunicación, ha sido un avance en términos de la transparencia sobre cómo se conducen los procesos judiciales y de acceso a la ciudadanía”, expresó, por su parte, la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Nydia Bauzá, al consignar, igualmente, su rechazo a la legislación.

El Proyecto de la Cámara 1211, del representante Gabriel Rodríguez Aguiló y atendido en vista pública, agregaría un inciso a la Regla 8 de las Reglas de Procedimiento Criminal para que quede “expresamente prohibida la transmisión, difusión, retransmisión o publicación en tiempo real, por cualquier medio de comunicación, plataforma digital, red social o cualquier otro mecanismo tecnológico, del contenido de las vistas de determinación de causa para arresto”.

Actualmente, las transmisiones en las salas judiciales requieren de la autorización del Tribunal Supremo. La prensa también requiere dicha autorización para tener acceso a los procedimientos.

La prohibición propuesta aplicaría “tanto a las partes, sus representantes legales, medios de comunicación y cualquier otra persona que se encuentre presente en la sala o que tenga acceso al procedimiento por cualquier medio”. La violación a lo dispuesto, de ser aprobado el proyecto, constituiría desacato al tribunal y podría dar lugar a sanciones conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

Según datos de la Oficina para la Administración de los Tribunales (OAT), presentados por Maldonado, en los últimos cinco años, se han presentado 110 solicitudes para la transmisión de procesos judiciales, un “número relativamente bajo” si se compara con los miles de procedimientos que se inician en el país.

“Al igual que muchos sectores de la sociedad, al OPC le preocupa que se vulnere el derecho de los imputados y que se lacere el proceso judicial que debe estar dirigido a alcanzar la justicia. Pero, no es justo ni correcto que se responsabilice a la prensa o a la transmisión desde las salas judiciales como responsables de que se violen derechos o se impida el acceso a la justicia”, sostuvo Maldonado.

Tanto Maldonado como Bauzá sostuvieron que eliminar las transmisiones no impedirá la divulgación de casos de alto interés público, ni los “análisis inescrupulosos, faltos a la verdad y ejercidos desde el desconocimiento” que se publican en medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas.

Coincidieron, asimismo, en que, en vez de prohibir la transmisión de las vistas de arresto y preliminares, el esfuerzo debe ser a que cada sector del gobierno y profesionales involucrados aporten a mejorar la cobertura.

“La transparencia en estos procesos es fundamental para garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada”, subrayó, por su parte, Josian Bruno, presidente de la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico.

A principios de mayo, el Supremo aprobó la implantación de una “normativa permanente” –que entra en vigor en octubre– que surge tras 13 años de evaluación del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales (PECAM), establecido en 2013.

“Toca a los tribunales garantizar el cumplimiento de dichas protecciones en los procesos correspondientes y a nosotros, como periodistas, fiscalizar su cumplimiento”, subrayó Bauzá.

Por su parte, el presidente de la Federación de la Magistratura de Puerto Rico, el juez Carlos G. Salgado Schwarz, describió la legislación como necesaria, ya que –dijo– protege la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y salvaguarda la independencia judicial frente a la presión mediática.

Agregó que la medida también protege a los actores del sistema de justicia y complementaría el reglamento dispuesto por la OAT.

Según el togado, la transmisión de las vistas preliminares va en contra del propio diseño del proceso instaurado con la intención de proteger a la persona imputada de la exposición prematura de la evidencia y de la presión derivada de ese escrutinio. Asimismo, indicó, obliga al fiscal a presentar más prueba de la legalmente requerida, multiplica los señalamientos innecesariamente y expone a los testigos.

“(El proyecto) no elimina la publicidad del proceso. Mantiene el acceso físico de ciudadanos y prensa. Lo que hace es neutralizar el efecto multiplicador y contaminante de la transmisión digital en tiempo real, en una etapa en la que la prueba aún no ha sido sometida al tamiz del juicio contradictorio pleno”, expuso.

“Sin la salvaguarda de prohibir la vista preliminar y Regla 6, va a ser 99.95% imposible garantizar un juicio justo e imparcial que no haya tenido contacto con la prueba”, argumentó Salgado Schwarz.

Durante la discusión, se trajo la posibilidad de enmendar el lenguaje de la legislación, ya que, según redactada, también impediría las transmisiones de texto que se hacen en tiempo real sobre lo que ocurre en la sala judicial.

Esta información, la cual es transmitida por los periodistas en sala a través de las redes sociales, es con la que se nutren las redacciones para la publicación inmediata en las plataformas digitales de los medios.

Salgado Schwarz dijo que no tenía “ningún problema” con el cambio. “Eso siempre ha existido y eso no se va a limitar. Mi preocupación, como presidente de la Federación, es la transmisión en vivo y a todo color de las incidencias de la vista preliminar, que llegue eso a oídos y ojos de potenciales jurados”, recalcó.

“Es una controversia compleja donde hay un choque de varios derechos. Como hemos discutido, (están) el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la publicidad y el derecho de la ciudadanía a tener acceso a los procesos judiciales para poder fiscalizarlos, versus derechos fundamentales como la presunción de inocencia y un juicio justo e imparcial”, señaló la representante independentista Adriana Gutiérrez.