Ante la posible comisión de delito, la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve le solicitó este miércoles al Departamento de Justicia el “inicio inmediato” de una investigación criminal contra las clínicas de terminación de embarazos en Puerto Rico y los médicos que allí trabajan.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, confirmó el recibo del referido, el cual fue remitido a la Oficina del Jefe de Fiscales “para el proceso de evaluación y acción correspondiente”.

“Es nuestra postura que no actuar equivaldría a ignorar la evidencia que pone en duda el cumplimiento de la excepción penal. Bajo este escenario, con la información que le hemos compartido... esa excepción penal, es decir, su cumplimiento, no puede presumirse, debe verificarse”, dijo la senadora, en conferencia de prensa.

Según Rodríguez Veve, las clínicas operan en violación al Artículo 98 del Código Penal, que permite el aborto para preservar la vida o la salud de la embarazada, siempre que exista una indicación terapéutica previa hecha por un médico autorizado a ejercer en la isla.

“La única forma de eludir el ámbito penal es el cumplimiento real, previo y verificable de esa excepción”, expuso.

Una auditoría del Departamento de Salud, realizada a principio de año a las clínicas Darlington Medical Associates, Planificación Familiar y Women’s Medical Pavilion, reveló que algunos de los expedientes analizados carecían de indicación terapéutica, según contemplado en el Código Penal, y no especificaban bajo qué razones médicas, si alguna, se practicaron los abortos.

Mientras, otros expedientes no incluyeron el título ni el número de licencia del profesional autorizado a realizar el aborto. “A esto, se suman hallazgos sobre custodia deficiente de expedientes y destrucción indebida de expedientes de menores, incluyendo la falta de segregación de esos expedientes antes de ser triturados”, lee parte del referido a Justicia.

“A la luz de lo anterior, existe evidencia clara y contundente de que, al día de hoy, las clínicas están realizando abortos bajo señalamientos que podrían constituir comisión de delito”, apuntó la legisladora.

La citada auditoría incluyó el análisis de 15 expedientes, correspondientes a Darlington Medical Associates (5) y Women’s Medical Pavillion (10). Salud no especificó cuántos expedientes fueron analizados en Planificación Familiar, confirmó Rodríguez Veve.

“El cumplimiento con los requisitos del Artículo 98 no puede, y nunca ha podido, descansar en presunciones ‘a priori’, alegaciones anecdóticas, afirmaciones o correcciones retrospectivas; tiene que constar de forma tangible, trazable y verificable en el expediente médico”, acotó.

Datos de Salud –entregados al Senado– apuntan a un incremento en las terminaciones de embarazos en los últimos años: 4,931, en 2022; 5,059, en 2023; y 5,706, en 2024.

Darlington Medical Associates, según Rodríguez Veve, pasó de 339 abortos reportados en 2022 a 1,426 en 2024. Esta es la única clínica en el país que realiza abortos tardíos, o sea, de más de 15 semanas.

Algunos grupos sostienen que el aborto en Puerto Rico es ilegal tras la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que revocó el reconocimiento al derecho constitucional en 2022, lo que –a su juicio–también dejó sin efecto el caso de Pueblo vs. Duarte Mendoza, que lo reconoce en la isla desde 1980. Según la interpretación de estos sectores, el procedimiento debe realizarse solo cuando medie una certificación médica de que la vida de la embarazada está en riesgo.

Sin embargo, el aborto sigue siendo legal en la isla, ya que, de acuerdo con juristas y médicos, a pesar de que está tipificado en el Código Penal, esa ley establece que puede realizarse para preservar la vida o la salud de la persona embarazada, lo que incluye, según la jurisprudencia de Duarte Mendoza, la salud mental.