El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, criticó el veto de bolsillo de la gobernadora Jenniffer González a un proyecto de su autoría que pretendía introducir una definición para el rol de asociado médico certificado, con miras a eliminar la “confusión” entre esa profesión y la de médico asistente.

“En Puerto Rico, es una realidad una crasa falta de médicos. Nuestra gente tiene que esperar, en algunos casos, largos meses, y en algunos casos, sobre un año, para tener una cita con un médico, sea generalista, subespecialista o especialistas. Esta medida estaba dirigida a llenar ese vacío, que todos reconocen es un detrimento para la salud del pueblo”, expresó el líder cameral, en un parte de prensa.

El Proyecto de la Cámara (PC) 1032 planteaba que la Ley 71-2017 asignó a dos roles distintos el título de médico asistente, causando “gran confusión a nivel gubernamental, salubrista y comunitario sobre la preparación y capacidades distintivas de los médicos asistentes y los asociados médicos certificados”.

La medida de Méndez, que en ambos cuerpos legislativos contó únicamente con la oposición de las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño y el senador independiente Eliezer Molina, definía al asociado médico certificado como “un profesional de la salud que posea un diploma o certificado acreditativo de haber completado satisfactoriamente todos los estudios académicos de la carrera de Asociado Médico acreditado por el ‘Accreditation Review Commission on Education for the Physician Assistant (ARC-PA)’ o previo al año 2001 por el ‘Committee on Allied Health Education and Accreditation’ o el ‘Commission on Accreditation of Allied Health Education Programs’ y que ha aprobado el ‘PA National Certifying Examination (PANCE)’ administrado por el ‘National Commission on Certification of PAs (NCCPA)’”.

En cambio, el médico asistente se definió como “un profesional de la salud, que posea un diploma, título de médico, o certificado acreditativo de haber completado satisfactoriamente todos los estudios académicos de la carrera de médico expedido por alguna universidad, colegio o escuela cuyo curso de estudios esté aceptado y registrado por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”.

En ambos casos, el PC 1032 precisaba que los profesionales solo podían ejercer bajo la supervisión de un médico autorizado.

A través de los vetos de bolsillo, que únicamente pueden emitirse durante el receso legislativo, la gobernadora puede descartar medidas sin necesidad de una justificación escrita al Senado y la Cámara de Representantes.

Según Méndez, el PC 1032 hubiera resuelto el “limbo” que enfrentan hoy los asociados médicos certificados “al buscar trabajo en la isla debido al desconocimiento sobre sus credenciales y formación”.

El marco legal vigente, puntualizó el presidente cameral, “ha forzado a muchos de estos a mudarse a los estados en busca de mejores oportunidades para practicar la profesión plena y cabalmente.” “Por eso, lamento el final de la medida, con el veto de la gobernadora”, dijo Méndez.