La Junta de Supervisión Fiscal advirtió, tanto al gobernador Pedro Pierluisi como al liderato legislativo, que no deben “aprobar ni implementar” las resoluciones conjuntas del Senado (RCS) 326 y 327, ya que tal y como están redactadas violan los planes fiscales certificados y la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).