El presidente de la Cámara, Rafael "Tatito" Hernández y el representante Jesús Santa.
El presidente de la Cámara, Rafael "Tatito" Hernández y el representante Jesús Santa. (Twitter)

La resolución presentada por el presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez para financiar la consulta popular de mayo para escoger los llamados cabilderos de la estadidad fue derrotada hoy en una vista de enmiendas en la Comisión de Hacienda.

La Resolución de la Cámara 100 había sido radicada por Hernandez Montañez a petición de la propia Junta de Supervisión Fiscal (JSF). El líder legislativo le dijo a El Nuevo Día ayer que radicó la pieza con la intención de que fuera derrotada.

La elección de los cabilderos está pautada para el 16 de mayo.

En un aparte con la prensa, Hernández Montañez indicó que, con la documentación del voto en la Comisión de Hacienda se le enviará una carta a la JSF para dejarle saber la visión de política legislativa. “Lo que quieren evidenciar los miembros de la JSF es que se atendiera la resolución... y se derrotó. Tendrán la evidencia para al conformar una próxima reunión puedan tomar una determinación”.

La postura de la JSF es que todo cambio en el presupuesto, y la asignación de $1.8 millones a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para financiar la consulta cae en ese tipo de transacción, requiere autorización legislativa.

“Es una asignación de dinero no esencial, se distancia del Plan Fiscal y desde el punto de vista estrictamente sustantivo, cumple para que ellos la derroten”, dijo Hernández Montañez al referirse a la petición de fondos a la CEE.

Si la JSF insistiera en autorizar el desembolso de la CEE, Hernández Montañez acudiría al Tribunal Federal retando la Ley 167-2020 que viabiliza la consulta de mayo. “Estaríamos retando (también) la Ley Promesa”, dijo.

A preguntas, Hernández Montañez indicó que mensualmente la Cámara hace un pago mensual al abogado Jorge Martínez Luciano de entre $12,000 y $13,000 por todos los trabajos que realiza a favor del cuerpo legislativo.

“Esto no es barato”, dijo. “Es oneroso, pero la democracia hay que defenderla”.

Al dirigirse al pleno de la Cámara, Hernández Montañez destacó que la delegación penepé no radicó la medida, aunque favorecía la consulta popular que su colectividad impulsa.

“Vamos con nuestras acciones a demostrar la verdadera visión, la política pública de esta Asamblea Legislativa en cuanto a esa legislación”, dijo Hernández Montañez. El líder cameral recordó que ya los cuerpos legislativos aprobaron el proyecto que deroga las leyes 165-2020 y 167-2020 y que está consciente también de que el gobernador Pedro Pierluisi vetará la medida cuando llega a La Fortaleza.

La ley 165-2020 viabiliza, mediante órdenes ejecutiva, consultas plebiscitarias sin la intervención legislativa y le asigna poco más de $1.2 millones a los cabilderos para salarios y gastos. La Ley 167-2020 viabiliza la consulta popular de mayo.

De hecho, anoche Hernández Montañez demandó a Pierluisi y al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, retando la constitucionalidad de la ley 165-2020.

“No vamos a respaldar la asignación de fondos públicos para esta consulta”, dijo Hernández Montañez.

El presidente de la Cámara indicó que el resultado de la votación en la Comisión de Hacienda será notificado mediante carta a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Ya tienen la posición clara y contundente”, dijo. “Nos veremos en los tribunales”.

El portavoz alterno penepé, Gabriel Rodríguez Aguiló indicó que el estatuto vigente estos momentos es la Ley 167-2020.

“La JSF autorizó que se usen los fondos necesario para llevar a cabo la elección del 16 de mayo porque es la ley actual”, dijo Rodríguez Aguiló al sostener que la Oficina de Gerencia y Presupueto desembolsó los primeros $500,000 a la Comisión Estatal de Elecciones para financiar el evento de mayo.

Durante el fin de semana, la JSF le envió a los presidentes legislativos un borrador de Resolución Conjunta para que la Asamblea Legislativa autorice la asignación de fondos para el evento.

“La vamos a derrotar”, dijo ayer Hernández Montañez. “Ahora, hay una realidad y es que la Junta puede irse por encima de lo que decidamos. Por lo menos, en forma, estamos inmersos en el proceso”.

Hernández Montañez hizo claro su postura en torno a la asignación de fondos desde el domingo, cuando indicó que la legislatura de mayoría popular no autorizaría dinero para financiar lo que entiende son los intereses de un solo sector de Puerto Rico.

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