El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, se abstuvo este lunes de hacerle recomendaciones a la gobernadora Jenniffer González sobre el futuro de la legislación que congela el impuesto al inventario y dijo estar confiado en que, antes de que la mandataria actúe, los reciba para que “vea de primera mano cuáles son las implicaciones si estampa su firma en este proyecto”.

“Nosotros, el 8 de octubre, le enviamos una comunicación a la señora gobernadora solicitando una reunión. Hoy, todos los compañeros federados volvimos a firmar una comunicación solicitándole una reunión para hacerle la presentación que se le hizo hoy a los legisladores”, explicó el también alcalde de Camuy. “La decisión final la tiene ella”, agregó.

Las expresiones de Hernández surgieron tras una reunión de más de una veintena de alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) con las delegaciones de esa colectividad en la Cámara de Representantes y el Senado, en el Capitolio, donde le hicieron una presentación sobre el impacto que el Proyecto de la Cámara (PC) 420 tendría en las arcas municipales.

“Le explicamos al detalle lo que significa perder $314 millones, que lo que implica es que las arcas municipales tienen una pérdida neta de $275 millones, que es importante lograr conseguir un sustituto en o antes de los tres años porque estaríamos hablando que, de esos, $275 millones son para cubrir los préstamos municipales”, enfatizó.

A pesar de que la medida ya se encuentra lista para pasar a La Fortaleza, Hernández se expresó confiado en que salían del encuentro “mucho mejor” que cuando entraron.

Durante la reunión, se discutieron posibles sustitutos a los fondos que dejarían de recibir los municipios -de convertirse en ley la pieza- y se definió un comité para buscar alternativas. El grupo estará integrado por miembros de la Federación de Alcaldes y de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

El presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, Jesús Colón Berlingeri, explicó que, de la gobernadora darle paso a la legislación, sería imposible procurar su implementación este año fiscal. “Entendemos que es un poco complicado o, yo diría, imposible, implementarlo este año. A nivel de CRIM, tenemos que cambiar el mecanismo de cómo recaudamos el dinero para poder implementar esto”, apuntó el también alcalde de Orocovis.

El PC 420 congela el impuesto al inventario por los años contributivos 2025 al 2027 con miras a su eliminación, al año siguiente, si no se legisla una fuente alterna de recaudo.

Ante expresiones de la gobernadora, que este lunes no quiso revelar si firmará o no el PC 420, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que no se arrepienten de haberle dado paso a la medida, recordó que es uno de los compromisos programáticos de la colectividad. El programa de gobierno del PNP, no obstante, provee para la congelación del gravamen, pero no su eliminación.

“En la Asamblea Legislativa, estamos seguros en aprobarla. No nos arrepentimos, nosotros estuvimos seguros, y lo aprobamos. Respetamos lo que haga la gobernadora, respetamos la opinión de los alcaldes. Es un compromiso programático, y ahí está”, apuntó Rivera Schatz a preguntas de El Nuevo Día.

“Creo que el saldo neto fue positivo... Nosotros queremos fortalecer los municipios, queremos eliminar impuestos, queremos lograr eficiencias en el CRIM, queremos, de alguna manera, crear un ambiente mucho más cómodo para los gobiernos municipales en términos de su salud fiscal”, subrayó.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, se expresó de forma similar. “Quedó claró que el PNP cumple sus compromisos. Prometimos en la campaña política reducir las tasas contributivas, eliminar el impuesto al inventario entrando en un proceso de transición con una congelación. Así que ese compromiso lo cumplimos”, apuntó.

El líder cameral descartó la posibilidad de solicitar la devolución de la medida a la Legislatura para posibles cambios. “Es una decisión de la gobernadora si lo firma o no lo firma. Yo sé que la gobernadora va a cumplir su compromiso con el pueblo de firmar el proyecto que busca la congelación y, eventualmente, la eliminación”, subrayó Méndez.

La gobernadora dijo más temprano que esperaba que la reunión de los ejecutivos del PNP con el liderato legislativo produjera “nuevos entendidos”.

“Sí, yo entiendo que nosotros debemos congelar esto. Esto es un impuesto que paga la gente, que le cuesta al público y que le cuesta también en los productos que se traen (a la isla)”, enfatizó en conferencia de prensa.

Alcaldes afiliados al PNP y al Partido Popular Democrático (PPD) han manifestado públicamente su oposición al PC 420. Alegan que eliminar el impuesto al inventario, de no hallarse sustituto para el año contributivo 2028, supone un golpe no solo para los municipios, sino también para la banca y el gobierno central.

El gravamen representa $314 millones anuales para los municipios. De esa cantidad, $169 millones van para pagar deuda del gobierno central que fue reestructurada en el Tribunal Federal. Otros $129 millones corresponden a la contribución adicional especial (CAE), que los ayuntamientos usan para respaldar los préstamos que toman a la banca. Los restantes $145 millones son los fondos que llegan a las arcas municipales para servicios y gastos.

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La reportera Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.