Ante unas gradas repletas, el Senado confirmó este lunes, sin oposición, a la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, como secretaria del Departamento de Estado, cargo para el que también requiere el aval de la Cámara de Representantes.

Tras el anuncio, un fuerte y extenso aplauso se escuchó en favor de la designada desde las gradas.

“Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el historial profesional de la nominada, con más de 20 años de experiencia en el servicio público, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con Puerto Rico”, concluyó la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos de Senado, que preside Thomas Rivera Schatz.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, y el senador independiente, Eliezer Molina, consignaron su voto a favor de la nominada.

Posterior a la votación a la jefatura de Estado, el Senado procedió a confirmar a María del Pilar Vélez a la dirección del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y a Lourdes Gómez Torres como secretaria del Departamento de Justicia. Ambas designaciones fueron rechazadas por la delegación del PIP.

“Confiamos que este sea el inicio de designaciones más pensadas, analizadas y estudiadas, de manera que todos los designados cumplan con los requisitos legales y constitucionales básicos”, expuso el portavoz popular.

Las tres nominadas fueron confirmadas a solo horas de que el Senado las evaluara en vista pública. La audiencia, que se extendió por más de dos horas, incluyó un repaso sobre su trayectoria profesional y académica, así como sobre sus planes futuros para la agencia.

Las jefaturas de Estado y Justicia ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, en la línea de sucesión ante la ausencia del gobernante.

En el transcurso de la audiencia, las designadas afirmaron que, desde sus respectivas agencias, harán cumplir la política del presidente Donald Trump, incluso aquella contra los migrantes, pero solicitaron al país una oportunidad para demostrar que pueden hacerlo de una manera humana que no violente sus derechos.

“Ciertamente, tenemos que colaborar y cumplir con las leyes federales, pero también queremos ser solidarios con los inmigrantes que tenemos, pero solamente les pido que nos den una oportunidad”, expuso Gómez Torres en la vista.

Las críticas al manejo del tema migratorio por parte de esta administración se exacerbaron la semana pasada cuando se supo -y la gobernadora Jenniffer González confirmó el viernes- que, el 29 de enero, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregó los datos sobre los conductores sin estatus definido tras un requerimiento de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), documento que no ha sido compartido públicamente, alegando “confidencialidad”.

A pesar de que la directriz al gobierno ocurrió hace más de cuatro meses, González aseguró que se enteró del requerimiento la semana pasada y que fue el DTOP quien “ejecutó” el pedido. Asimismo, argumentó que estaban en riesgo “$178 millones al año” de fondos federales para carreteras si no colaboraban con HSI.

“Independientemente de cuáles sean las políticas públicas que tengamos que acoger dentro del marco legal, hay que buscar, de alguna manera, los servicios necesarios para respetar la dignidad del ser humano, sin atropellos y sin procesos que puedan ser denigrantes a la vida humana”, indicó, en tanto, Rivera Santana, nominada al Departamento de Estado.

A preguntas de los legisladores, Rivera Santana indicó que, como parte de su visión, se propone innovar en esa agencia, modernizar y digitalizar los servicios y trámites corporativos que ofrecen, y promover la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad.

También indicó que impulsará las relaciones exteriores y que fortalecerá las alianzas con países del Caribe y América Latina.

Gómez Torres, quien en su ponencia no incluyó que, hasta su confirmación, se desempeñaba como directora de la Oficina de Nombramientos Judiciales y Ejecutivos, alegó que ella no tuvo injerencia en la evaluación de las designaciones de Verónica Ferraiuoli y Arthur Garffer, quienes precedieron a Rivera Santana como designados a la jefatura de Estado.

“Me parece particularmente curioso”, señaló la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago, en referencia a la omisión en la ponencia sobre el puesto que ocupaba en La Fortaleza.

Gómez dijo que no evaluó a Ferraiuoli -cuya nominación fue retirada por la gobernadora luego que se confirmara que incumplió con su responsabilidad contributiva tres años consecutivos- porque entró a dirigir la Oficina de Nombramientos posterior a la designación.

Mientras, en el caso de Garffer, manifestó que no intervino en la nominación -realizada el 8 de mayo- porque se encontraba fuera de la oficina, en ese momento, por un asunto personal.

La hoja de servicio de la nominada a Justicia en el gobierno, que comenzó en 2009 como asesora legal de la Administración para el Sustento de Menores, incluyó el cargo de administradora municipal de Ponce, puesto que ocupó mediante el mecanismo de destaque.

Este último cargo fue fuertemente cuestionado por la portavoz del PIP, quien sostuvo que el Código Municipal dispone que las funciones de los administradores municipales son aquellas que corresponden al alcalde o alcaldesa, salvo muy pocas excepciones.

Gómez Torres, a preguntas de la senadora independentista, rechazó catalogar como “irregular” que Justicia subvencione un nombramiento de administración municipal, y sostuvo que autorizaría un destaque de ese tipo.

Al ser abordada, en la vista, sobre el tema del aborto por la portavoz de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, Gómez Torres indicó que la política del gobierno de Puerto Rico es “la protección a la vida desde la concepción”.

La legisladora sostiene que el aborto en Puerto Rico es ilegal tras la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que revocó el reconocimiento al derecho constitucional al aborto en 2022, lo que –a su juicio–también dejó sin efecto el caso de Pueblo vs. Duarte Mendoza, que reconoce el aborto en la isla desde 1980.

Ante tal escenario, el marco legal que impera es el dispuesto en el Código Penal, enfatizó Rodríguez Veve, argumento con el que coincidió la secretaria de Justicia. “El artículo 98, 99 y 100 de Código Penal establece el delito del aborto. Sin embargo, tenemos unas excepciones en esos artículos, así que, en el Departamento de Justicia, vamos a ejecutar conforme a la ley vigente”, expuso Gómez Torres.

Por su parte, la nominada al DTRH aseguró que no incurrió en nepotismo y que nunca tuvo intención “de faltarle a la ley”, al tener familiares trabajando en el Municipio de Vega Baja cuando dirigía la Oficina de Recursos Humanos del ayuntamiento.

Según Vélez Casanova, no impugnó una multa de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) porque, entonces, atravesaba por un proceso de divorcio.

“Aunque yo sabía que era injusto lo que estaba haciendo la OEG... por mi paz emocional y por la de mi familia... decidí cerrar ese capítulo de mi vida”, afirmó a preguntas del senador novoprogresista Ángel Toledo.

La semana pasada, trascendió que, en 2010, Vélez Casanova tuvo que pagar una multa de la OEG, ascendente a $400, por incurrir en nepotismo mientras dirigió la Oficina de Recursos Humanos de la municipalidad durante la administración del convicto alcalde Edgar Santana Rivera (2005-2011).

Según la determinación de la OEG, Vélez Casanova tenía la facultad de influir en las decisiones de Santana Rivera sobre la contratación del personal. En este caso, la tía y la hermana de la nominada se desempeñaron como ayudantes del entonces alcalde mientras ella dirigía la división de Recursos Humanos (2005-2008).

La hoy nominada llegó a consultar con un asesor legal del Municipio de Vega Baja si tenía que tramitar una dispensa, y le respondieron que no. Aun así, se inhibió de atender asuntos relacionados con sus familiares, dijo.

Posteriormente, el Tribunal Supremo concluyó -como parte de un caso ajeno al de Gómez- que la interpretación que la OEG realizaba del artículo sobre nepotismo de la derogada “Ley de Ética Gubernamental” era “ultra vires”, o sea, “nula”.