

10 de abril de 2026 - 10:00 AM


La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, radicó un proyecto que enmienda la Ley 54 de Violencia Doméstica para tipificar como maltrato agravado, con pena de reclusión por un término fijo de 15 años, los daños o lesiones provocadas “a propósito, con conocimiento o temerariamente” contra la persona por nacer.
Cuando dicho acto de maltrato ocasione la muerte del no nacido, la pena de reclusión sería de 99 años, conforme al delito de asesinato en primer grado del Código Penal, dispone, asimismo, el Proyecto de la Cámara (PC) 1199, radicado por la representante el 25 de marzo.
“Con la presente ley, esta Asamblea Legislativa da un paso al frente en su compromiso con la erradicación de la violencia en Puerto Rico, específicamente hacia las mujeres embarazadas y al ‘nasciturus’”, lee la medida.
El proyecto surge a tres meses de que la gobernadora Jenniffer González firmara la Ley 166-2025, conocida como la “Ley Keishla Madlane”, que establece que el asesinato de una mujer embarazada que cause la muerte del feto se considerará un doble asesinato.
Posteriormente, González promulgó la Ley 18-2026, que enmendó el Código Penal para tipificar como asesinato darle muerte a un concebido no nacido. Se trató de un proyecto de administración, que –en su momento– la propia mandataria consideró redundante y ponderó retirar, para finalmente estampar su firma.
Junto a la Ley 166, fue aprobada el año pasado la Ley 183-2025, que enmendó el Artículo 67 del Código Civil para reconocer al concebido en cualquier etapa de gestación como persona natural. El estatuto recibió el rechazo de médicos y profesionales del derecho, que advirtieron que no solo representa un “ataque directo” contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, sino que pone en riesgo la práctica médica.
“Es nuestro deber ministerial garantizar que tanto la madre como el ‘nasciturus’ sean protegidos durante las distintas etapas del embarazo. De esta manera, continuamos avanzando en proteger la dignidad humana de toda persona en nuestro archipiélago borincano”, dispone la medida.
El PC 1199 fue referido, el pasado martes, a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, presidida por José “Che” Pérez, del Partido Nuevo Progresista.
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