El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron este martes la versión final del proyecto de ley que impondría requisitos adicionales para acceder a información pública.

El Proyecto del Senado 63 podría pasar en cualquier momento a la consideración de la gobernadora Jenniffer González.

“No estamos sorprendidos porque ya habíamos visto la falta de liderato y de palabra que existe en la Cámara de Representantes, pero sí desilusionados del proceso. El resultado producido por el comité de conferencia fue una legislación todavía peor a la presentada originalmente”, apuntó la presidenta del Overseas Press Club (OPC), Wilma Maldonado Arrigoitía.

“Nuestro llamado a la gobernadora Jenniffer González es a que no firme este proyecto que afecta grandemente el derecho al acceso a la información”, planteó Maldonado Arrigoitía.

La votación final en la Cámara de Representantes fue de 28-20. La medida contó con la oposición de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), así como de cuatro miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), y de la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, junto con los tres miembros del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

El representante Pérez Cordero, quien presidió los trabajos de la Comisión de lo Jurídico, organismo que evaluó la legislación en la Cámara, no estuvo presente en la votación. Pérez Cordero se opuso al proyecto de ley el pasado 13 de noviembre.

“Agradezco a mis compañeros de la Cámara de Representantes, a su presidente, Carlos ”Johnny" Méndez, y al presidente de la Comisión de lo Jurídico del cuerpo hermano, José “Che” Pérez Cordero, por la aprobación del P del S 63 y las enmiendas que incorporaron", señaló el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, autor de la medida, en una publicación en las redes sociales.

En el Senado la medida recibió 19 votos a favor, todos de la delegación del PNP, y siete en contra.

El PS 63 enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) para imponer requisitos adicionales a las solicitudes de información en poder de las agencias gubernamentales.

Como parte de las enmiendas que acordaron ambos cuerpos legislativos, se mantuvo el término de 20 días laborales para la entrega de información, en lugar de los 10 días actuales, pero solo para aquellos documentos que no excedan las 300 páginas o “que su antigüedad sea menor a tres años contados a partir de la fecha en que fue producido originalmente”.

No obstante, se elevó el término a 30 días laborables para producir la información que sobrepase las 300 páginas o los tres años de antigüedad. Mientras, se retuvo el lenguaje que deja abierta la puerta para solicitar una extensión de 20 días para cumplir con la petición de información.

“La medida que busca enmendar la Ley de Transparencia, de convertirse en ley, será un escollo, si no un impedimento, para que periodistas y ciudadanos puedan ejercer su derecho constitucional de acceso a la información pública. Con la información de esta medida, a fuerza de mollero político, pierde el país”, subrayó la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), Nydia Bauzá.

Asimismo, se incluyó una enmienda en el Artículo 4, titulado “Divulgación rutinaria de la información”, para disponer “que no serán información pública los expedientes de personal o cualquier información de esta índole”, esto en relación a los datos que hacen públicos las agencias públicas de forma rutinaria a través de sus plataformas electrónicas.

La medida exige notificar a los jefes de agencia cada petición para considerarse “no defectuosa”, y ordena incluir la dirección postal y el correo electrónico en las solicitudes, lo que, como han advertido algunas entidades, perjudica a ciudadanos sin acceso a estos recursos, además de que expone a los solicitantes a “carpeteo” o actos de persecución al interior de las agencias.

Se retuvo lenguaje dirigido a imponer sanciones –de $100 diarios, hasta un máximo de $18,000– contra las agencias que incumplan y la erradicación del derecho a recibir información en formatos específicos.

“La versión aprobada por el comité de conferencia empeora aun más la pieza legislativa que restringe nuestro derecho de acceso a información pública. Mantiene todas las enmiendas anteriores y, además, ahora existe la posibilidad de que una agencia pueda pedir hasta 50 días laborables para entregar (la información) si se trata de documentación que exceda 300 folios”, dijo Carlos F. Ramos Hernández, del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).