Torres investiga la gestión de LUMA Energy como operador privado del sistema eléctrico.
Torres investiga la gestión de LUMA Energy como operador privado del sistema eléctrico. (Xavier Araujo)

El representante Luis Raúl Torres se prepara para hacerle un nuevo requerimiento de información a LUMA Energy sobre su gestión como operador privado del sistema eléctrico, y advirtió que regresará con su reclamo al tribunal si, como en la ocasión anterior, el consorcio no entrega a cabalidad los datos solicitados.

Torres, quien preside la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, anticipó que el nuevo requerimiento “saldrá la próxima semana”, una vez culmine el receso legislativo vigente.

Informó, a su vez, que, como parte de su pesquisa legislativa, citará en diciembre a vistas públicas al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (P3, en inglés), Fermín Fontanés, para que dé explicaciones de la fiscalización del contrato entre LUMA y el gobierno.

De inmediato, LUMA informó que responderá a los requerimientos del representante.

“Tenemos información sobre el proceso de transición (con la Autoridad de Energía Eléctrica, AEE), pero nos faltan muchos datos desde que LUMA tomó el control del sistema eléctrico en junio. A partir de esa fecha, ellos empezaron a trabajar con un presupuesto fijo y aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico, y ese presupuesto ya lo excedieron por $32 millones. ¿Qué pasó ahí? Es algo que queremos investigar”, dijo Torres a El Nuevo Día.

“Haremos el requerimiento en virtud de la Resolución de la Cámara 446, que nos da jurisdicción para seguir fiscalizando la ejecución del contrato durante todo el cuatrienio”, agregó.

Además del sobregiro presupuestario, Torres indagará sobre los gastos de LUMA en abogados y cabilderos. Mencionó, por ejemplo, de que la información que obtuvo el pasado 15 de noviembre, por orden judicial, se desprende que el bufete DLA Piper ha facturado “poco más” de $2 millones, “pero hay detalles que faltan porque fueron tachados bajo el pretexto de que les cobija el privilegio de abogado-cliente”.

“Nuestros abogados internos y externos están evaluando eso, porque una cosa es la estrategia y otra es lo facturado, que se paga con fondos públicos. Si entendemos que la información no está cobijada por el privilegio abogado-cliente y LUMA se niega a entregarla, no nos quedará más remedio que acudir otra vez al tribunal”, alertó.

Igualmente, dijo, la firma VantageKnight, presidida por Manuel Ortiz, quien fue el principal cabildero del exgobernador Ricardo Rosselló en Washington, “aparece con una factura por $10,000 por cabilderos locales, y queremos que nos detallen quiénes son y qué servicios prestaron”.

“En la factura que nos entregaron, VantageKnight reclama que les deben $50,000 por servicios anteriores. Queremos que LUMA nos diga quiénes y dónde se hizo el cabildeo porque, si se pagó con fondos públicos, tienen que identificarlos, con nombre y apellido, para saber si están registrados”, sostuvo.

Otro tema sobre el que Torres procurará información son las brigadas de LUMA en la calle, específicamente, quiénes las componen (celadores, supervisores, etc.) y los municipios que cubren.

Sobre la citación a Fontanés, indicó que responde, en parte, a que el funcionario “mintió u ocultó información” cuando se le pidió que entregara a la Cámara las facturas de LUMA y alegó que no las tenía. Recientemente, Fontanés reveló que la empresa Eclipse revisó todas las facturas entregadas por el consorcio durante el año de transición y le entregó la información a P3 para los desembolsos correspondientes.

“Cuando le pedimos la información, lo que nos entregó fue unas tablas de resúmenes, nada en detalle, aun cuando esta compañía Eclipse ya ha facturado más de $200,000. Hace falta evaluar todo eso”, recalcó.

“Totalmente comprometidos”

En reacción a lo expresado por Torres, LUMA indicó: “Estamos totalmente comprometidos con la transparencia, la cooperación y el cumplimiento. Este compromiso es compartido por los 3,000 empleados de LUMA”.

El consorcio aseguró que ha respondido a todas las solicitudes del gobierno y proporcionado más de 10,000 páginas de documentos.

“No hemos recibido ninguna solicitud reciente, pero seguiremos respondiendo a la Legislatura y trabajando junto a todas las partes, incluyendo los reguladores y clientes, que comparten nuestra visión de construir un sistema eléctrico más confiable, resistente y limpio para Puerto Rico y los 1.5 millones de clientes puertorriqueños que tenemos el privilegio de servir”, puntualizó.

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