El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, se propone presentar antes de que culmine el mes a la Asamblea Municipal un proyecto de ordenanza dirigida a regular la operación de alquileres a corto plazo en la capital.

El propio primer ejecutivo confirmó sus intenciones a El Nuevo Día al precisar que el documento, que sería discutido en vistas públicas, está en etapa de borrador y que su contenido será aplicable a todo el municipio, no solo en el Viejo San Juan.

“Es legislación novel”, sostuvo en un aparte esta mañana con El Nuevo Día tras de los actos protocolares de la ceremonia de apertura de la vigesimoctava reunión de alcaldes y alcaldesas de la Región de Centroamérica, México y el Caribe de la Unión de Ciudades Iberoamericanas.

La actividad contó con la participación de la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía Gómez; el alcalde de San José, Costa Rica, Johnny Araya Gómez y el embajador de España en Washington D. C., Santiago Cabanas. Igualmente estuvo presente la alcaldesa de Managua, Nicaragua, Reyna Rueda Alvarado; el gobernador Pedro Pierluisi y representantes de los alcaldes de Tegucigalpa, Honduras, Ciudad de México y Ciudad Guatemala.

Romero Lugo también adelantó que hará cambios al Código de Orden Público, aunque no brindó mayores detalles, más allá de señalar que se modificarán los horarios de las operaciones de negocios y se incorporarán elementos de otros códigos como el de Bayamón, Carolina y Guaynabo.

“Vamos a presentar una ordenanza sobre el manejo dentro del ámbito municipal”, dijo Romero Lugo al referirse específicamente a los alquileres a corto plazo, que típicamente se reservan a través de plataformas cibernéticas como Airbnb. “Vamos a crear un registro de propiedades. El único registro que existe a nivel del gobierno es las cartas o acuerdos que tiene la Compañía de Turismo con las plataformas de alquileres a corto plazo. Queremos utilizar la autonomía municipal y la autoridad que nos da la ley para que todo el que posea una propiedad y la dedique al arrendamiento a corto plazo la registre”.

Romero Lugo, por ejemplo, señaló que se da el fenómeno de residencias que gozan de exoneración económica, pero son utilizadas para alquileres a corto plazo. “No pagan CRIM, pero tienen que pagar”, dijo.

Romero Lugo, quien no pudo proveer inmediatamente un estimado de alquileres a corto plazo que operan en San Juan, también observó que las reglas de las plataformas cibernéticas obligan a los huéspedes a sacar la basura cada vez que culmina su estadía. Sin embargo, el cumplimiento con esta norma no necesariamente coincide con las fechas que se da el recogido de los desperdicios sólidos.

“Eso tiene un impacto mayor en el manejo de desperdicios sólidos de basura”, sostuvo.

Romero Lugo, sin entrar en detalles, recordó que hay comunidades en que las escrituras prohíben los alquileres a corto plazo “y eso se tiene que respetar”.

En junio de 2019 el pasado gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en la Ley 51-2019 un proyecto de ley que buscaba crear la política pública para la economía colaborativa que incluye, además de las plataformas de alquiler a corto plazo, otras industrias como transportación (Uber, Lyft), consumo de alimentos (Feastly) y entretenimiento (Spotify, Soundcloud).

También se consigna en el proyecto que la participación de los municipios en los alcances del estatuto sería voluntaria.

La Ley 51-2019 ordena crea un Comité Asesor Interagencial para el Desarrollo de la Economía Colaborativa, que sería presidido por el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y tendrá la responsabilidad de asesorar al DDEC en la evaluación, elaboración e implementación de los reglamentos de la Economía Colaborativa y el cumplimiento de los reglamentos y de los objetivos de esta Ley.

Entre otras cosas, la ley faculta al DDEC a crear documentación para regular la economía colaborativa.