Foto de archivo del hemiciclo del Senado.
Foto de archivo del hemiciclo del Senado. (Xavier J. Araújo Berríos)

El proyecto de ley que le extraía $165 millones a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) para otorgarle a la ciudadanía un alivio temporero en la factura del agua y la luz fue derrotado hoy, martes, por las comisiones senatoriales de Gobierno y Proyectos Estratégicos que no recomendaron su aprobación.

“Debemos dirigirnos a establecer lo que en administración pública conocemos como ‘buen gobierno’, y eso implica transparencia, gobernanza, eficiencia gubernamental, eficacia, y credibilidad, dirigido a transformar nuestra sociedad. Por tal razón, en los conceptos básicos de administración pública (...) este tipo de gestión va en contra de todos los criterios de sana administración pública”, concluyó el informe negativo conjunto de las comisiones.

El senador Ramón Ruiz, presidente de la Comisión de Gobierno, explicó que el Ejecutivo nunca pudo justificar una fuente de repago para que la CFSE recuperara los fondos en un período de 24 meses. Agregó, además, que la instrumentalidad tiene un déficit de cerca de $1,400 millones.

Solo dos legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), Nitza Morán y Gregorio Matías, votaron en contra del informe negativo.

“La Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía junto a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomiendan la aprobación del proyecto”, establece el informe de 34 páginas.

El Senado cerró los trabajos de la sesión extraordinaria a las 6:34 p.m.

El futuro de la medida estuvo en jaque desde el momento de su radicación. Por un lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, había condicionado su aprobación a que el gobernador estampara su firma en el Proyecto de la Cámara 1383, que recortaba en un 75% la deuda de la AEE. Mientras, también desde el inicio, miembros de la Legislatura dejaron claro sus reservas con el hecho de que la medida no contenía un lenguaje que garantizara el recobro de ese dinero.

Durante los turnos iniciales -espacio que tienen los legisladores y legisladores para abordar diversos temas- varios aprovecharon para expresar su rechazo no tan solo a la medida, sino también a repetir prácticas de administraciones pasadas. Una de ellas fue la portavoz de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, quien sostuvo que la “gran” propuesta del ejecutivo para aliviar temporeramente el alza en los servicios de agua y luz no llegaba “tan siquiera a la categoría de parcho”.

“Estamos hablando que el gobernador nos ha convocado para pretender sacarle $225 millones a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para que, por tan solo dos meses, la gente vea una reducción mínima en la factura de la luz”, señaló la legisladora.

Dijo que el gobernador tuvo la oportunidad de incluir en la sesión extraordinaria varios proyectos de ley dirigidos a atender de forma complementaria y permanente el problema del costo de la luz, como el Proyecto del Senado 728, que -entre otras cosas- creaba un fondo permanente que le permitiría al gobierno destinar recursos, locales y federales, para asumir las alzas en el costo de compra combustible.

“Honestamente, no puedo evitar expresar la misma frustración que sienten tantos puertorriqueños que ven, que viven y padecen la inefectividad gubernamental. Pero sobre todo la falta de voluntad política para hacer lo que sabemos que es mejor. La CFSE no es una alcancía para que el gobierno use ese dinero a su antojo, sin fiscalización alguna, sin garantía de que se va a devolver y mucho menos sin que represente una ayuda realmente importante para las personas”, aseveró

Ruiz, por su parte, sostuvo que en vez de extraerle fondos a la corporación se debieron utilizar fondos ARPA. Según el legislador, existen $88.5 millones en reserva de fondos ARPA que no han sido asignados ni distribuidos y otros $225 millones, también en fondos ARPA, que no han sido distribuidos, pero si están asignados a programas de cumplimiento, transparencia y rendición de cuentas.

“Hay $313 millones que el gobernador tiene disponible para no sangrar a la Corporación. Si realmente queremos ayudar al país, si realmente queremos darles la mano a los abonados de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) trabajemos con responsabilidad”, expresó.

Sostuvo –previo a la presentación del informe- que cada legislador tenía una responsabilidad no solo con los abonados de la AEE, sino con la fuerza laboral del Fondo del Seguro del Estado y esos trabajadores que hacen servicio y uso cuando tienen una lesión de accidentes en el trabajo.

La senadora Migdalia González rechazó la idea de replicar prácticas de gobernantes y legislaturas pasadas.

“Premiar la incompetencia con el Proyecto del Senado 931 es una burla al país y un peligro para nuestros trabajadores y trabajadoras que diariamente sufren accidentes en sus lugares de trabajo. La improvisación del Ejecutivo es evidente y no podemos ser partícipes ni cómplices de la misma”, señaló la legisladora.

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