El gobernador Pedro Pierluisi vetó hoy, martes, ocho medidas legislativas, incluyendo el Proyecto de la Cámara 1133 que elevaba el salario base de los empleados sujetos a ingresos por propinas; y el Proyecto de la Cámara 1383 que recortaba en un 75% la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El Proyecto de la Cámara 1383 era una de las medidas que había utilizado el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, para condicionar la aprobación en dicho cuerpo legislativo del Proyecto del Senado 931 que busca transferirle $165 millones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) a la AEE y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para mitigar temporeramente el alza en los servicios de agua y luz.

Pierluisi argumentó -en su notificación a la Asamblea Legislativa- que la medida no solo es “deficiente de su faz”, sino que, además, contradice la Ley PROMESA y su aprobación tendría el efecto de retrasar el proceso de la reestructuración de la deuda de la AEE e incrementaría el riesgo de que se nombre un síndico judicial cuya función principal sería garantizar el pago de la totalidad de deuda de la corporación.

“La mayoría de las disposiciones del PC 1383 contradicen el Plan Fiscal certificado y cualquier intento de invalidación resultaría en un proceso judicial innecesario y que culminaría con la invalidación de la ley”, afirmó el primer ejecutivo.

Al condicionar la aprobación del Proyecto del Senado 931 –que se supone sea atendido hoy por el Senado-, Hernández alegó que la firma del Proyecto de la Cámara 1383 sí representaba un verdadero alivio en la factura de electricidad. “El PC 1383 le hacía justicia al país al ponerle un freno a los constantes aumentos en la factura de la luz... Lamentamos que el gobernador, una vez más, prefiera servir como el abogado de LUMA, los bonistas y de la Junta, por encima de los intereses del pueblo”, reaccionó el líder cameral.

Por su parte, el portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, dijo que el gobernador cometió un “error grave”. “Se rindió antes de pelear. Su deber era firmar la medida y que la Junta decidiera su curso de acción. Usted debió ponerse del lado del pueblo, aunque eso exija renunciar a la Junta”, expresó.

Sobre el Proyecto de la Cámara 1133 que -a partir del 1 de enero 2023- elevaba de $2.13 a $4.25 el salario por hora de los trabajadores cuyo sueldo está sujeto a propina, Pierluisi argumentó que, aunque la intención de la medida es “muy loable”, las consideraciones incluidas ya están contempladas en la política pública establecida a través de la Ley 47-2021.

De acuerdo a la Ley 47, argumentó, los empleados que reciben propinas tienen derecho al salario mínimo federal vigente que “sumado a las propinas deberá alcanzar al menos el salario mínimo que se establece en esta Ley”.

“La medida no necesariamente garantiza que los empleados que reciben propina estarán en mejor posición salarial que al día de hoy. El patrono podría preferir pagar el salario mínimo regular a todos sus empleados para así dividir “el pote de propinas” entre todos los empleados, incluyendo los que no reciben propinas”, dijo el gobernador en la comunicación.

Sostuvo, además, que un cambio en los costos operacionales de los patronos pondría en riesgo el empleo actual de cientos de personas y la generación de empleos futuros. Mientras, un aumento en los precios de los productos por motivo de un incremento en el salario base, podría implicar que menos clientes acudan a los lugares donde laboran los empleados que reciben propinas.

El gobernador les impartió un veto a otras dos medidas sobre el tema energética, el Proyecto de la Cámara 774 y el Proyecto de la Cámara 775.

La primera dejaba a la discreción de la AEE la transferencia de las funciones de operación y mantenimiento de sus activos de generación a operadores privados, prohibía la transferencia mediante alianzas público privadas de las funciones de operación del Centro de Control Energético de la AEE, eliminaba la participación del Negociado de Energía como miembro de los Comités de Alianza y disponía que los empleados de la AEE mantuvieran su estatus como trabajadores de la corporación pública bajo cualquier contrato de alianza o transacción relacionada a la transferencia de los activos de la AEE.

Mientras, el Proyecto de la Cámara 775 pretendía eliminar la exención que se otorga sobre la aplicabilidad de ciertas disposiciones en los contratos de alianzas público privadas relacionados con transacciones de la AEE.

La misma suerte corrió el Proyecto de la Cámara 6 que iba dirigido a eliminar la alegada “secretividad” que persiste en los procesos relacionados con la Ley PROMESA. La pieza legislativa, dijo el primer ejecutivo, “parte de varias premisas incorrectas y adolece de ciertos defectos”.

Pierluisi sostuvo que gran parte de los documentos ya se publican en las páginas web de las entidades públicas que manejan el tema fiscal y afirmó que la medida tiene vicios de inconstitucionalidad al requerir la divulgación al público y a otras ramas de gobierno de documentos que pudieran estar cobijados por el privilegio de información oficial.

Otra medida rechazada por el primer ejecutivo fue el Proyecto de la Cámara 985 que integraba en la lista de las Mujeres y Hombres Próceres de Puerto Rico al Dr. Gilberto Concepción de Gracia. En sus argumentaciones el gobernador indicó que el veto expreso se debió a un error en el trámite, por lo que invitó a la Legislatura a aprobar otra medida con el mismo fin.

También recibieron vetos la Resolución Conjunta de la Cámara 39 que buscaba atender los reclamos de los confinados y el personal de custodia de la cárcel El Limón en Mayagüez en relación a la grave situación en la que alegadamente se encuentra la institución y la Resolución Conjunta de la Cámara 323 que ordenaba al Departamento de Educación a reiniciar un proceso de adquisición de sistemas de purificación de aire para las escuelas públicas.

La compra de estos sistemas había sido detenida el año pasado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Pierluisi alegó que la inversión para la adquisición del equipo, estimada en $36.3 millones, tendría “un efecto incremental en el presupuesto certificado para el 2022-2023 lo que es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal certificado”. “Los procesos para la compra de este tipo de equipo especializado ya han sido estatuidos y deben culminar para lograr los recursos que necesitamos en nuestras escuelas, dentro del estado de derecho vigente”, estableció Pierluisi.