Ocupan sus cuentas en plataformas digitales con promesas de resultados asombrosos: “Tendrás un mejor rendimiento y más energía”, “En cuestión de días, verás los resultados”, “En solo dos sesiones, notarás cambios en tu cuerpo”.

Pero, al presionar el enlace o al hacer esa llamada para agendar cita, ¿preguntas por las credenciales de las personas que administrarán el medicamento o realizarán el procedimiento? ¿Averiguas si la sustancia está regulada y su uso está permitido?

A partir del 4 de marzo, el Senado comenzará a evaluar una medida que reconoce “un alza en la demanda por tratamientos rápidos y aparentemente inocuos” y busca establecer parámetros regulatorios claros que definan quién puede ofrecerlos, en qué condiciones y bajo qué supervisión.

“En medio de una investigación que hice el año pasado sobre la medicina estética, trajeron ante mi atención que, año tras año, ha ido incrementando la gente que llega hasta el Centro Médico por malas prácticas de este tipo de procedimientos”, argumentó el senador Juan Oscar Morales, al señalar que el centro hospitalario recibe unos 100 casos anuales.

“Durante la investigación, encontré negocios de blanqueadores de dientes en el área este de Puerto Rico en una marquesina y salones de belleza donde se inyecta botox”, agregó Morales, autor del Proyecto del Senado 971.

Según la legislación, este panorama no es exclusivo de Puerto Rico. En Estados Unidos, el número de “medical spas” que ofrecen inyecciones, rellenos dérmicos y tratamientos láser, “en un entorno donde el marco regulatorio es fragmentado y desigual”, incrementó de 1,600, en 2010, a más de 10,500 para 2023,

Paralelamente, las estadísticas de la American Society of Plastic Surgeons reflejan que los procedimientos cosméticos mínimamente invasivos han tenido el crecimiento más acelerado dentro del sector estético, con un aumento aproximado de un 7% en 2023, agrega la medida en su exposición de motivos.

“En Puerto Rico, aun cuando no se cuenta con un registro integral actualizado, la realidad demuestra un incremento notable y desordenado de clínicas estéticas, centros de inyectables y negocios de sueroterapia, muchos de ellos, fuera de parámetros médicos tradicionales. Esta expansión, sin un marco regulatorio específico, abre la puerta a procedimientos con potencial riesgo”, expone la pieza.

Entre otros aspectos, el proyecto de ley obligaría a todo centro de servicios estéticos o sueroterapia a contar con una licencia de operación emitida por el Departamento de Salud, a renovarse cada dos años. La licencia estaría sujeta a inspecciones, requisitos de infraestructura, cumplimiento sanitario y supervisión médica.

Asimismo, dispondría que ningún procedimiento estético -por menos invasivo que sea- podrá realizarse sin la supervisión directa o delegada de un médico autorizado.

“Procedimiento estético”, según la definición propuesta en la medida, sería “toda intervención no quirúrgica dirigida a modificar, mejorar o alterar la apariencia física mediante técnicas mínimamente invasivas o no invasivas, tales como inyectables, rellenos dérmicos, toxina botulínica, tratamientos láser, radiofrecuencia, micropunción, ‘peelings’ químicos y otros semejantes”.

El médico supervisor tendrá la responsabilidad de evaluar al paciente previamente cuando el procedimiento lo amerite, certificar la idoneidad del tratamiento, revisar y firmar protocolos y estar disponible para manejo de emergencias. “No estoy en contra de estas prácticas. Yo creo que es algo necesario, pero tiene que estar regulado, tiene que haber un orden y unas garantías”, sostuvo Morales.

Respecto a la sueroterapia, la medida dispone que todo establecimiento que ofrezca este tipo de servicio deberá contar con un área de preparación estéril, un protocolo de control de infecciones y con equipo médico para manejo de emergencias. Asimismo, solo podrá utilizar productos regulados, “con trazabilidad verificable”.

Antes de los tratamientos, el paciente será evaluado clínicamente por un profesional autorizado y se le entregará un consentimiento informado en el que se detalle la naturaleza del procedimiento, los riesgos y posibles complicaciones. El documento deberá permanecer en el expediente del paciente por, al menos, cinco años.

La medida también dispone la imposición de multas de entre $5,000 y $10,000 contra quienes incumplan la ley, así como la suspensión o revocación de la licencia, el cierre parcial o total del establecimiento y referidos a la junta examinadora correspondiente, en los casos que lo ameriten.

El también portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado anticipó la celebración de, al menos, tres audiencias públicas para discutir el proyecto. Para ellas, ha citado a propietarios de clínicas estéticas, pacientes y miembros de la clase médica, así como los centros académicos encargados de la preparación de estos profesionales. Desde ya, anticipó que la medida sufrirá enmiendas.