

19 de noviembre de 2026 - 10:51 AM


La gobernadora Jenniffer González Colón firmó una nueva ley que prohíbe la práctica conocida como “voceteo” durante el horario nocturno en todo Puerto Rico y establece multas administrativas de hasta $1,500 por cada infracción.
Se trata de la Ley 233-2026, originada en el Proyecto de la Cámara 911, de la autoría del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Pichy” Torres Zamora, que enmienda la Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito para regular el uso de sistemas de sonido alterados o modificados en vehículos de motor y motocicletas.
La legislación establece que el voceteo estará prohibido entre las 10:01 p. m. y las 6:59 a. m. todos los días. Quienes infrinjan esta disposición se exponen a una multa administrativa fija de $1,000 por cada infracción.
Sin embargo, la prohibición será más estricta en determinadas áreas, donde aplicará durante las 24 horas del día. Entre estas se encuentran escuelas públicas y privadas e instituciones educativas postsecundarias y universitarias; centros de cuido de niños, centros de cuido y atención a personas adultas mayores; hospitales e instalaciones de salud abiertas al público, incluidos centros de tratamiento, recuperación y rehabilitación de salud mental, instalaciones educativas o comunitarias con presencia constante de menores; hoteles, hospederías y paradores; y templos dedicados al culto religioso.
En estas zonas, las personas que incurran en la práctica podrán recibir una multa de $1,500 por cada infracción, siempre que esta ocurra dentro de un radio de 100 metros lineales desde los accesos hábiles a los predios de la instalación protegida. La ley también dispone que los municipios podrán ampliar, mediante ordenanza, las zonas escolares o de tranquilidad sujetas a esta prohibición.
La nueva legislación define el voceteo como la práctica de reproducir sonidos mediante sistemas de audio de vehículos o motocicletas alterados, modificados o diseñados para proyectar el sonido hacia el exterior.
La definición incluye el uso de bocinas, amplificadores, bajos y otros componentes que aumenten la potencia, intensidad o capacidad de proyección externa del sonido. También contempla demostraciones, concursos y competencias de amplificación de equipos de sonido vehiculares que no estén autorizados por alguna entidad gubernamental.
No obstante, la ley aclara que no constituye voceteo la mera posesión o instalación de equipos adicionales cuando no están reproduciendo sonido, ni el uso de sistemas originales de fábrica que no hayan sido alterados para aumentar su proyección externa.
La legislación contempla excepciones para determinados usos de altoparlantes y sistemas de sonido, entre ellos: anuncios públicos desde vehículos oficiales o contratados por municipios, agencias estatales o federales; actividades de iglesias y otras denominaciones religiosas, electorales o políticas, de interés social o público promovidas o autorizadas por el Gobierno estatal o municipal.
En este renglón también caen las manifestaciones coordinadas debidamente con la Policía de Puerto Rico o la Policía Municipal, así como las actividades autorizadas mediante ordenanza municipal o que cuenten con los permisos correspondientes para realizarse durante el horario de prohibición, según la mencionada ley.
En los casos que requieran autorización del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas o de la administración municipal correspondiente, esta deberá constar por escrito, ya sea en formato impreso o digital.
Otro aspecto de la Ley 233-2026 es que reconoce la facultad de las legislaturas municipales para regular el voceteo y la emisión de ruidos innecesarios o de alto volumen durante el horario diurno, comprendido entre las 7:00 a.m. y las 10:00 p.m.
Los municipios podrán aprobar ordenanzas o incorporar disposiciones a sus respectivos códigos de orden público. También tendrán la facultad de establecer sanciones adicionales o más restrictivas, de acuerdo con sus necesidades particulares.
La Policía de Puerto Rico y las policías municipales estarán autorizadas a imponer las multas, garantizando el debido proceso de ley.
En cuanto a la distribución del dinero recaudado, el 30% de las multas corresponderá al municipio donde se cometió la infracción, para apoyar labores de fiscalización, adquisición de equipos y programas de prevención. El 70% restante ingresará a la Policía Estatal.
Por último, la ley ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas, en coordinación con la Policía de Puerto Rico, aprobar un reglamento para fiscalizar su cumplimiento en un término no mayor de 90 días. La ley entró en vigor inmediatamente después de la firma de la gobernadora.
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