La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) expresó este miércoles reservas con un proyecto de ley dirigido a que las dependencias públicas notifiquen a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) los fondos federales que han recibido desde 2017, su uso y distribución.

La legislación resultaría innecesaria, según la OGP, que actualmente trabaja en un proceso de “planificación estructural” para centralizar la recopilación, el monitoreo y la visibilidad de los fondos federales, tal como exigió la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El licenciado Osvaldo Guzmán, ayudante especial del director ejecutivo de la OGP, Orlando Rivera Berríos, indicó que la dependencia ya cuenta con una estructura organizacional aprobada y, además, comenzó a recopilar y analizar datos “relevantes”. Agregó que, aunque no se ha concretado formalmente, el presupuesto para el año fiscal 2025 –que acaba el 30 de junio– incluyó una partida de $1.9 millones para iniciar los trabajos y el establecimiento operacional de dicha estructura.

“La creación de esta centralización en la OGP representa un paso afirmativo hacia una gestión pública más transparente, eficiente y coordinada en el manejo de fondos federales”, indicó Guzmán, en una vista pública de la la Comisión de Relaciones Federales del Senado.

Además de requerirle a las dependencias públicas la información detallada de los fondos federales recibidos, su uso y distribución, el Proyecto del Senado 117, de la autoría de José Luis Dalmau Santiago, establece que, una vez obtenida, la OPAL rendirá informes trimestrales a cada secretaría de los cuerpos legislativos.

La legislación, sostuvo Guzmán, también podría resultar en esfuerzos fragmentados, en inconsistencias en la información y en una mayor carga administrativa para las dependencias que, actualmente, canalizan su información a través de la OGP y otras entidades fiscalizadoras. “La medida puede duplicar asignaciones presupuestarias para un mismo fin”, argumentó.

Desde 2017, tras el impacto de los huracanes Irma y María, el flujo de fondos federales hacia la isla ha incrementado considerablemente. Por ejemplo, el Departamento de la Vivienda ha recibido $20,400 millones en fondos federales.

Mientras, en fondos de emergencia, al Departamento de Educación se le ha asignado $4,527 millones. De esos, quedan disponibles $299.5 millones. En el caso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), los fonos federales ascienden a $302 millones. De esos, el 56% o $169 millones no han sido obligados. “Hay fondos demás y el riesgo de perderlos o de ya haber perdido alguno está inminente y nadie levanta la mano”, alertó Dalmau Santiago.

“La Asamblea Legislativa lo que quiere es que el gobierno de Puerto Rico, del partido que sea, no quede mal ante el gobierno federal. Cuando voy a Washington a solicitar fondos, me dicen: ‘es que ustedes tienen y no los usan’. Hacemos el ridículo”, añadió.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) sostuvo, en tanto, que actualmente existen oficinas y herramientas con propósitos similares a los propuestos, como el Portal de Transparencia de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, dirigido a los fondos de recuperación de desastres.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Josué Rivera, favoreció la legislación, aunque sugirió la asignación de presupuesto adicional que permita a las agencias establecer una oficina que atienda las peticiones, recibos y la utilización de subvenciones federales, lo que podría, a su vez, resultar en mejores prácticas administrativas y en el cumplimiento con normas.

“A veces, las medidas no necesariamente se convierten en la aprobación de, pero se convierten, como esta parecería, en unas ideas para poder ser herramientas. No estamos buscando referir a nadie, lo que queremos es tener un mapa de dónde están los fondos, qué podemos hacer, cómo podemos ayudar”, expuso el presidente de la Comisión de Relaciones Federales del Senado, Carmelo Ríos.