Créditos hipotecarios, subsidios para jóvenes agricultores y condonación de préstamos estudiantiles son tres de las propuestas incluidas en una legislación dirigida a fomentar el establecimiento de “residentes permanentes” en Lares, Utuado, Ciales, Adjuntas y Jayuya, pueblos que han perdido población en los últimos años.

El Proyecto de la Cámara (PC) 1181, del representante Joe “Joito” Colón y radicado el pasado 12 de marzo, establece que las mermas poblacionales registradas en estos cinco municipios “comprometen la viabilidad de sus servicios públicos, escuelas, centros de salud y actividades económicas locales”.

Según nuevas estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos –publicadas en marzo–, solo cinco de los 78 pueblos de la isla –principalmente en la zona montañosa– observaron un aumento en su población entre 2020 y 2025. Las estimaciones –que cubren el período entre el 1 de abril de 2020 y el 1 de julio de 2025– muestran que solo Aibonito (0.4%), Barranquitas (1.8%), Moca (0.3%), Naranjito (1.3%) y Rincón (2.6%) ganaron algo de población, otros tres municipios no sufrieron cambios significativos y los restantes 70 perdieron habitantes.

De aprobarse el PC 1181, se crearía la “Ley del Programa de Repoblación Rural de Puerto Rico”.

“Mediante esta legislación, el gobierno de Puerto Rico busca revertir la tendencia de despoblación rural, fortalecer la producción agrícola local, promover la seguridad alimentaria y revitalizar los municipios de Lares, Utuado, Ciales, Adjuntas y Jayuya como espacios de desarrollo económico sostenible y bienestar social”, reza la exposición de motivos.

Para el programa de créditos hipotecarios preferenciales para la adquisición de vivienda en “zonas de repoblación rural”, la legislación propone una tasa de interés de, al menos, dos puntos porcentuales por debajo de la tasa promedio del mercado hipotecario convencional vigente al momento de la solicitud.

El solicitante, a su vez, debería comprometerse a establecer su residencia principal en la “zona de repoblación rural” por un período mínimo de cinco años. También, se elimina el requisito de pronto pago para solicitantes cualificados y el gobierno subsidiaría la diferencia entre la tasa preferencial y la tasa de mercado.

Para los jóvenes agricultores que establezcan operaciones agrícolas la zona, en tanto, se propone una contribución inicial de hasta $25,000 para la adquisición de equipo, semillas, insumos y mejoras a la infraestructura agrícola, así como una subvención mensual de $1,500, por hasta 24 meses, para sus operaciones.

La asistencia técnica gratuita del Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, así como el acceso preferente a los programas de arrendamiento de tierras públicas agrícolas administrados por el Departamento de Agricultura, son otras de las propuestas para la nueva cepa de trabajadores de la tierra.

De otra parte, para la condonación de préstamos, el participante debería poseer un grado académico de una institución de educación superior acreditada en áreas relacionadas con la agricultura y trabajar a tiempo completo en actividades agrícolas o en servicios de apoyo al sector agrícola en una zona de repoblación rural por un período mínimo de tres años consecutivos.

La condonación sería de hasta el 33% de la deuda estudiantil elegible por cada año de servicio completado, hasta un máximo del 100% al completar tres años. El monto máximo de condonación no excedería los $50 mil.

La iniciativa sería sustentada a través de la creación del “Fondo de Repoblación Rural”, el cual se nutriría de asignaciones legislativas anuales, fondos federales disponibles, donativos y cualquier otra fuente lícita de ingresos. La Asamblea Legislativa asignaría, no obstante, una partida inicial no menor de $10 millones para el primer año fiscal de implantación.

El PC 1181 no define el término “residentes permanentes”.