El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, concedió al componente fiscal del gobierno 10 días para entregar documentación que detalle los intercambios que la administración de Jenniffer González ha sostenido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en torno a la propuesta reforma contributiva, así como las proyecciones de impacto al erario que la medida bajo consideración legislativa tendría a lo largo de los próximos años.

“La información requerida deberá ser remitida al Senado no más tarde de 10 días laborables a partir de la notificación de este requerimiento, en formato digital, con todos los anejos y certificaciones correspondientes”, advirtió Rivera Schatz en la comunicación, que compartió este viernes en redes sociales.

La carta dirigida al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, requiere a esa agencia, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y la Oficina de Gerencia y Presupuesto proveer, en primer lugar, una “lista detallada y documentada de todas las recomendaciones” que la JSF haya hecho al gobierno sobre la reforma contributiva.

La petición se produce un día después de que el portavoz de la minoría popular en el Senado, Luis Javier Hernández, asegurara, tras reunirse con el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, que la eliminación propuesta de las exenciones del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) a las adquisiciones de equipos de energía renovable –una de las medidas que financiaría la rebaja en tasas contributivas– provino del gobierno, y no del organismo que controla las finanzas públicas, como ha comentado González.

Según el gobierno, la derogación de la exención del IVU permitiría ingresar unos $18 millones anuales, alrededor del 3% de los $550 millones que se propone recortar a los recaudos mediante las reducciones tributarias.

Mujica no se ha expresado públicamente en torno a la postura de la JSF sobre el proyecto de administración.

La mandataria, en cambio, rechazó desde Madrid –donde asiste a la Feria Internacional de Turismo– los planteamientos que hizo el jueves la delegación senatorial del Partido Popular Democrático (PPD).

“No sé con quién ellos (PPD) hablaron en esa reunión que alegaron tener, pero nosotros llevamos meses reuniéndonos con ellos (JSF), así que sabemos todo lo que han propuesto. Y, vuelvo y les digo, no nos pusieron una pistola para decirnos ‘inclúyelo’, pero las acogimos por la cantidad de recaudos y porque entendimos que lo que recaudaban se lo podemos devolver a la gente en incentivos”, manifestó González.

De otra parte, Rivera Schatz pidió la entrega de copias de toda documentación relacionada con reuniones con la JSF, así como del Comité de Reforma Contributiva que la primera ejecutiva conformó desde inicios de su mandato. Además, requirió los modelos que detallen el impacto de la reforma hasta el año fiscal 2030-2031 y el “borrador más reciente” que incorpore el efecto de las reducciones en las tasas al plan fiscal del gobierno central, incluyendo “supuestos macroeconómicos”, “elasticidades utilizadas”, “escenarios alternos evaluados” y “análisis de sensibilidad”.

El líder senatorial solicitó a Pantoja Rodríguez, igualmente, “detallar la estrategia fiscal y presupuestaria de la Rama Ejecutiva para manejar riesgos asociados a la expiración de fondos federales de Medicaid”, partidas federales que vencen en septiembre de 2027 y que, de no renovarse, exponen a Puerto Rico a perder acceso a más de $3,000 millones anuales.

El requerimiento al componente fiscal exige, a su vez, una tabla que detalle las agencias que sufrirán recortes asociados al financiamiento de la reforma contributiva y precisar si se trata de reducciones presupuestarias recurrentes.

Las vistas públicas sobre la reforma contributiva –que los cuerpos legislativos analizan por separado– continúan el sábado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, con las comparecencias de la Asociación de Industriales, la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento y la Asociación de Constructores.

En un comunicado de prensa, el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, precisó que las audiencias continuarán los días 26, 27, 29 y 30 de enero.

“Queremos escuchar al sector privado, el que genera actividad económica en Puerto Rico”, afirmó Méndez, quien ha advertido que el cuerpo no dará paso a nuevos impuestos para sufragar las reducciones tributarias.

Durante las vistas públicas celebradas esta semana, representantes del equipo fiscal del gobierno reclamaron que el proyecto se apruebe sin enmiendas, y señalaron que la oposición a la eliminación a la exención contributiva a los equipos de placas solares y los autos híbridos, eléctricos o “plug in”, según incluida, pudiera interpretarse como una protección a esas industrias.