21 de octubre de 2025 - 5:56 PM
Aunque todavía es incierto cuándo la Cámara de Representantes dará audiencia a la propuesta legislativa que impone trabas adicionales al acceso a información pública, José “Pichy” Torres Zamora, portavoz del mayoritario Partido Nuevo Progresista (PNP), anticipó este martes que analiza la posibilidad de presentar enmiendas dirigidas a “redefinir” el término de 20 días que se le concedería al gobierno para responder a una solicitud.
“Hay un ‘issue’ con los días que se le otorga al gobierno para responder, pero hace sentido conceder un tiempo adicional (al que se da actualmente) cuando el requerimiento de información es amplio. Así que, si definimos qué es amplio y qué es simple, quizás, se puedan establecer tiempos diferentes para responder a la solicitud”, indicó Torres Zamora.
El Proyecto del Senado (PS) 63, según aprobado en ese cuerpo, elevaría de 10 a 20 días laborables el término para la entrega de información, con 20 días adicionales como prórroga, para un total de 40. Al sumar días feriados y fines de semana, el tiempo real sería de dos meses, han denunciado organismos civiles, comunitarios y profesionales en rechazo.
Aunque el tiempo otorgado a las dependencias públicas para responder a una petición es uno de los asuntos más controversiales, los grupos también han reclamado que el PS 63 exige notificar a los jefes de agencia cada solicitud para considerarse “no defectuosa” y elimina el derecho a recibir información en formatos específicos, como Excel y CSV, lo que –entienden– imposibilitaría el análisis de los datos.
La medida erradica, asimismo, la discreción judicial para acortar términos en los tribunales, y ordena incluir la dirección postal y el correo electrónico en las solicitudes, lo que, según las entidades, perjudica a ciudadanos sin acceso a estos recursos, además de que expone a los solicitantes a “carpeteo” persecución.
Los opositores han cuestionado, también, las sanciones –a su juicio, insuficientes– contempladas contra las dependencias que incumplan, así como una enmienda –incluida a última hora– que dispone que no se puede obligar a una entidad pública a generar un documento inexistente.
“No hemos hecho caucus sobre el tema, pero entiendo que la medida tendrá vista pública”, estimó Torres Zamora.
Aunque no estuvo disponible para entrevista con El Nuevo Día, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, reconoció este martes, en entrevista con el programa “Primera Pregunta” (Telemundo), que el PS 63 contiene elementos “que hay que corregir”, como asegurar que cada dependencia cuente con personal designado para atender las solicitudes de información.
“Pero yo creo que lo mejor de todo es que se da la publicidad, que el pueblo vea el proceso de las vistas públicas, escuche a todos los deponentes y que, al final, tomemos una decisión que sea pensada y razonada, y que sea favorable para el pueblo”, expresó.
El PS 63 enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) para imponer requisitos adicionales a las solicitudes. Como ocurrió con dicho estatuto, el PS 63 fue aprobado, en el Senado, sin vistas públicas.
“El proyecto es insostenible y nosotros estamos en contra… que haya que estar en los tribunales de manera continua reclamando información pública y que la inmensa mayoría de las agencias terminan entregando la información evidencia que la ley no es buena”, dijo, por su parte, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara, Denis Márquez en referencia a la Ley 141.
“Hay que votarle en contra a un proyecto que perjudica la ley aún más, al exigir que haya una autorización del jefe de la agencia”, agregó Márquez, al calificar como “un chiste de mal gusto” la multa de “hasta $100 diarios” que la pieza dispone para toda dependencia que incumpla con una petición.
El PS 63 está bajo la jurisdicción de la Comisión de Gobierno de la Cámara, presidida por el representante Víctor Parés, quien tampoco estuvo disponible, pero públicamente ha dicho que la medida se abrirá a discusión.
El portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara, Héctor Ferrer, indicó, en tanto, que la delegación no ha discutido la medida en caucus. No obstante, dijo que, en esta administración, hay “un patrón” de “esconder información pública”, incluyendo a los legisladores.
Recientemente, recordó, la Policía y el Departamento de Seguridad Pública se negaron a entregarle una información solicitada sobre el servicio de escoltas que reciben exgobernadores y otros exfuncionarios.
“Ambas agencias han negado la información por entender que, como legisladores, somos ciudadanos de segunda clase y, bajo la Ley de Transparencia, todos somos ciudadanos. Por lo menos, este servidor cree que la información pública debe estar en manos de los puertorriqueños cuando lo soliciten”, apuntó.
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